Esa catástrofe marcó una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia reciente, pero el mundo no hace nada para averiguar por qué sucedió, informaron los relatores.
Señalaron que en el segundo aniversario de la explosión, desalienta que la gente en Líbano siga esperando justicia, y por eso piden una pesquisa internacional sin demora.
La tragedia, causada por una reserva de nitrato de amonio en un almacén portuario, mató a más de 200 personas e hirió a siete mil, destruyó 77 mil apartamentos y desplazó a más de 300 mil libaneses, de acuerdo con el comunicado de los especialistas.
Criticaron los fallidos intentos de indagación nacional del hecho mientras las familias de las víctimas esperan respuestas.
De acuerdo con el personal que visitó recientemente la capital libanesa, aún no se estableció la responsabilidad por la explosión, las áreas afectadas siguen en ruinas y los fondos de reconstrucción de la comunidad internacional apenas llegan a los beneficiarios legítimos.
A mediados de julio último la fundación suiza Accountability Now, en representación de los familiares de las víctimas, impuso una demanda contra una empresa estadounidense por sus presuntos vínculos con la tragedia.
La organización busca justicia sobre la red de corrupción que condujo a la detonación del nitrato de amonio descargado por la firma británica Spectrum Geo, propiedad del grupo de servicios geofísicos estadounidense-noruego TGS.
Por otra parte, el Encuentro Libanés en Francia denunció las maniobras y presiones del sistema político que indican el temor a rendir cuentas y revelar la verdad, al estar involucrados en la explosión, ya sea por negligencia o complicidad.
El estallido en el puerto de Beirut sucedió meses después de la revuelta popular de octubre de 2019 para acentuar la peor crisis económica y financiera de Líbano, que arrastra hoy a cuatro de cada cinco ciudadanos a la pobreza.
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