La iniciativa establece por una sola vez un gravamen de 2,5 por ciento al patrimonio neto de aquellas personas con domicilio o residencia en este país que al 31 de diciembre de 2020, tenían una fortuna superior a los 22 millones de dólares.
Con ello, sus promotores esperan recaudar unos seis mil millones de dólares, que permitirían al Estado entregar una renta básica de emergencia equivalente al nivel de pobreza, durante varios meses, a la gran mayoría de las familias chilenas.
La propuesta incluye un aumento transitorio, hasta el 30 por ciento, del impuesto a la renta de las grandes empresas y eliminar algunas exenciones tributarias.
El proyecto, que necesitaba 92 votos para salir airoso, recibió 105 a favor, incluidos los de 26 legisladores oficialistas, mientras que hubo 18 en contra y 26 abstenciones.
No obstante este importante paso, la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución para analizar algunas indicaciones presentadas, antes de continuar su tramitación.
Analistas advirtieron que esto augura nuevos roces con el gobierno, cuya situación resulta muy incómoda luego de que decidiera la víspera llevar al Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.
Esto destapó en las últimas 24 horas agudas críticas de todo el arco político y protestas de la población, que apoya mayoritariamente ese retiro de fondos, pero tanto uno como otro son rechazados por la administración de Sebastián Piñera, la cual también anunció que llevará el impuesto a los súper ricos al TC.
Durante el debate del proyecto, la diputada comunista Camila Vallejo, su promotora, dijo que con esta legislación se busca ‘una herramienta regulada por ley para que exista más generosidad, una redistribución de una riqueza que está en el país, pero concentrada’.
Otros diputados opositores coincidieron además en que este gravamen permite ayudar a las familias a enfrentar la crisis agudizada por la pandemia de Covid-19 y que los trabajadores no sigan asumiendo su costo, mientras los súper ricos del país se han enriquecido aún más.
En tanto el parlamentario socialista Jaime Naranjo señaló que el presidente Piñera, poseedor de la cuarta mayor fortuna de Chile, ‘debería ponerse a la cabeza de este proyecto e invitar a otros súper ricos a sumarse, pero lo que hace recurrir al TC’.
Desde la derecha, los detractores se escudan para rechazar el proyecto, en el argumento de que esta medida no recaudará los fondos previstos.
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