La primera es la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, ratificada por el Congreso el 4 de agosto y que busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades incurran en acoso, según el artículo 19 del Decreto 39-2022, señaló el gremio en un comunicado.
Asimismo, las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que opera en Izabal, la cual salió a la luz a inicios de este año.
La segunda propuesta, aún por aprobar en el Legislativo, pretende promover el uso indiscriminado de la fuerza letal en las manifestaciones ciudadanas, al involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de protestas y brindarles esta potestad a los órganos de seguridad, advierte la nota de la APG.
A juicio del la APG, ambas maniobras «están dirigidas a menoscabar los derechos de libertad de expresión, de prensa y de manifestación, además, de de continuar implantando un ambiente general de censura y autocensura en el país».
Aunque se especifica que excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en convenios y tratados aprobados por Guatemala, no existe garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, lo hagan cuando quieran perseguir a medios, periodistas, ciudadanos u organizaciones sociales, advirtieron.
El proyecto de ley ley 6076 para el «fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala», genera dudas y sospechas de varias organizaciones sociales y analistas, a pesar de tener dictamen favorable de la Comisión específica del Congreso en tiempo récord.
Entre los argumentos figuran que no es necesario normar algo que ya existe y hasta con sus reglamentos y levanta sospechas de que solo sea para reprimir la protesta ciudadana, como ya se hizo desde 2020. jha/mmc
