Desde el martes último, todos los ojos estuvieron puestos sobre la Junta Directiva del Congreso y el curso que tomaría la futura normativa (6076), que ya pasó su primera lectura en el pleno a pesar del rechazo de las bancadas de oposición y de organizaciones sociales por considerarla inconstitucional.
La primera señal de alarma vino de parte de los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes en un comunicado oficial pidieron a la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera, que detuviera el análisis del polémico texto.
En un primer compromiso, Rivera acordó con la organización indígena enviarla al Departamento Jurídico para su análisis; sin embargo, esta semana la alianza oficialista liderada por el partido Vamos anunció que la recomendación fue presentarla a examen de la Corte de Constitucionalidad.
Según la presidenta del legislativo, el proyecto de ley no veda el derecho a manifestar, lo que pretende es que los policías puedan defenderse, una respuesta que volvió a disparar las críticas sobre su verdadero propósito en un contexto de protestas contra el Gobierno de Alejandro Giammattei y persecución contra periodistas, medios de comunicación y jueces.
El pasado martes 16, el pleno de diputados decidiría si enviaba al máximo tribunal la futura ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército, pero después de dos horas de acalorado debate entre bancadas opositoras y oficialistas, el tema quedó en suspenso y, por ende, sigue en pie la posibilidad de agendarla la semana próxima.
Ante el peligro que aún representa, el Grupo Parlamentario de Oposición accionó ante la CC para detener su avance; en tanto las autoridades indígenas de los 48 Cantones radicalizaron su postura, al plantear como única opción la de archivar el texto.
Luego de dos días de plantón en las afueras y dentro del Hemiciclo, la directiva del Congreso prometió darle una respuesta para el martes próximo, y de no coincidir con sus demandas, anunciaron que tomarían todas las medidas legales a su alcance de conformidad con la Constitución.
Los 48 Cantones siguen apostando al diálogo , pero sugerimos a los diputados no poner a prueba la determinación del pueblo de Guatemala y seguir dándole curso a tal aberrante iniciativa, puntualizaron en un segundo comunicado.
También bancadas como Semilla, Winaq, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca intentaron en varias oportunidades plantear una moción privilegiada para detener la discusión de la 6076, sin éxito, debido a la aplastante mayoría oficialista que impone su agenda, sin dar mucho margen a las discusiones.
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