Durante la novena y última audiencia acusatoria de ese proceso, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la también titular del Senado y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras un recurso presentado por el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), el Tribunal Oral Federal 2 inició un juicio contra Fernández por supuestas violaciones en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
En múltiples ocasiones, la ex jefa de Estado denunció ser víctima de un acecho sin precedentes y recordó que la corte de ese territorio sobreseyó la causa por inexistencia de delito.
A través de su perfil en la red social Twitter, el presidente Alberto Fernández aseguró que hoy es un día muy ingrato y expresó su profundo afecto y solidaridad con la vicemandataria.
Además, compartió un comunicado donde se denuncia las acciones para proscribir a la dirigente política, lo cual “se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
“La persecución judicial avalada y promovida por medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor”, son aspectos que contradicen el Estado de Derecho, señala el texto de la Casa Rosada.
Ninguno de los actos atribuidos a la exmandataria fue probado y toda la acusación se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno, añade.
El Gobierno reiteró “su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley”.
Asimismo, señaló que continuará abogando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos.
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