La víspera, durante la última audiencia acusatoria de la Causa Vialidad, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para la vicemandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.
Fernández denunció la inexistencia de pruebas en su contra y las violaciones cometidas en el proceso, por lo que solicitó ampliar su declaración indagatoria, pero el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido.
Ante esa decisión, la ex jefa de Estado decidió presentar sus argumentos en una transmisión en vivo desde su oficina en el Senado de la Nación, del cual es titular.
Me hubiese gustado hablar frente al tribunal, pero no es la primera vez que me lo impiden. Desde hace años, la sentencia está escrita porque existe un sistema de justicia que permite violar todas las normas, aseveró.
La expresidenta detalló el proceso en su contra y recordó que en 2015 una corte de Santa Cruz sobreseyó la causa por inexistencia de corrupción u otro delito.
Asimismo, demostró los vínculos existentes entre jueces, fiscales, empresarios, funcionarios y el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019)
Comenzó una feroz campaña política y mediática. Dijeron que se cobraron obras que no se hicieron. Diarios como Clarín y La Nación publicaron trabajos sobre supuestos sobreprecios y cifras que nadie sabe de dónde salieron. Empezó un juicio basado en una ficción, señaló.
Nada de lo que dijeron fue probado. Además, se comprobó que todo era exactamente al revés y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los más de 100 testigos citados por el Ministerio Público, añadió.
Fernández leyó declaraciones de personas citadas por los fiscales Sergio Mola y Luciani, las cuales, dijo, finalmente colapsaron.
Clarín y la Nación, las dos naves insignias del lawfare (guerra jurídica), prácticamente no cubrieron el desarrollo del juicio. Durante tres años ni aparecieron y si lo hacían era con titulares que no tenían nada que ver con la realidad, indicó.
La titular del Senado afirmó que, durante los últimos años, fueron reveladas acciones de extorsión, espionaje, persecución de líderes sindicales y manipulación, impulsadas por el macrismo.
Afloró un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia, creado y dirigido en la Casa Rosada por Macri y Fabián Rodríguez, el único dirigente político prófugo, aseveró.
Ningún peronista escapó cuando nos persiguieron, amenazaron y encarcelaron. Ellos huyen a la primera citación que tienen, señaló.
Por otra parte, aseguró que los fiscales no poseen ninguna evidencia en su contra y por eso adoptan el guion de los medios y comienzan a buscar pruebas en otros juicios, cuya introducción en la causa fue autorizada en la última audiencia del debate oral.
No obstante, explicó que los materiales presentados “demuestran que, además de mentirosos, no trabajan ni leen”.
Fernández resaltó la asociación ilícita entre funcionarios macristas y empresarios de obras públicas, la malversación de los fondos públicos y la discontinuidad de las indagaciones necesarias.
Cuando comenzaron a tirar del ovillo pararon porque aparecieron pruebas contra ellos. No siguieron investigando porque no les convenía, apuntó.
En América Latina ya no hay partidos militares, pero sí uno judicial. El lawfare en Ecuador, Bolivia y Brasil es para desplazar, estigmatizar y anular a los gobiernos populares. En Argentina, van un paso más allá y protegen a los que verdaderamente roban en el país, afirmó.
Asimismo, indicó que el período que le piden en prisión es por los 12 años de mandato de Néstor Kirchner y de ella (2003-2015), “los mejores gobiernos que tuvo Argentina en las últimas décadas”.
Por eso me van a estigmatizar y condenar, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Me preocupa mucho que intentan disciplinar a la dirigencia política para que nadie se anime a hacer lo mismo, dijo.
Tomé la decisión de recuperar el patrimonio de los argentinos y eso no me lo van a perdonar, pero no me arrepiento. Sé que mi condena está escrita. Es necesario que quienes creemos en la posibilidad de cambiar algo reflexionemos sobre las cosas que están pasando, afirmó.
No vienen por mí, sino por ustedes (los ciudadanos), por los derechos de los trabajadores y de los jubilados, concluyó.
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