Este martes continuó la audiencia penal contra 30 personas, entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti, quienes fueron capturados en septiembre y agosto de 2015, respectivamente.
También están implicados los antiguos Superintendentes de Administración Tributaria Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz, entre otros altos funcionarios del gobierno del partido Patriota.
Para hoy se prevé la exposición de medios probatorios consistentes en solicitudes, autorizaciones, prórrogas del Ministerio Público (MP), informes de hallazgos, audios, grabaciones, escuchas telefónicas y mensajes de texto, todos recopilados desde el 29 de abril de 2014 hasta el 15 de abril de 2015.
El Tribunal B de Mayor Riesgo, presidido por Jeaneth Valdés, está a cargo del proceso y el pasado 12 de agosto reprochó al MP por enviar la documentación incompleta, lo cual retrasa aún más las diligencias.
La carpeta judicial del caso incluye 625 pruebas documentales (correos electrónicos, informes financieros y estados de cuenta bancarias), de ahí que se fijaron tres días a la semana para las audiencias.
Hay, además, mil 516 Declaraciones Únicas Aduaneras alteradas por la red de corrupción, según las investigaciones.
El juicio comenzó el 17 de enero, luego de seis años y nueve meses de la primera captura, el 16 de abril de 2015.
Análisis criminales, peritajes y testimonios son expuestos desde entonces con el fin de fortalecer la acusación.
El 20 de junio y por cinco horas, declaró el exsecretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, quien afirmó que dicha agrupación criminal pretendía traficar droga en las aduanas.
Sin embargo, el cuestionamiento por parte del MP fue débil y no profundizó en el relato del colaborador eficaz.
Asimismo, el exanalista de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Aníbal Argüello presentó evidencias de escuchas telefónicas de los coordinadores financieros de La Línea y la coacción a trabajadores de la Superintendencia Tributaria en aduanas para involucrarlos en los negocios irregulares de la estructura.
Las pesquisas evidencian la existencia de una red ilícita desde el 8 de mayo de 2014, hasta su desarticulación el 16 de abril de 2015.
Sus operaciones incluirían las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
Este es apenas uno de casos abiertos contra el exbinomio presidencial, cuyos abogados tratan por todos los medios de detener las diligencias con supuestas pruebas de enfermedad de sus defendidos.
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