“Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro y ministra y a ningún funcionario de Gobierno contactarse con Héctor Llaitul en ninguna circunstancia”, enfatizó desde Atacama, en el contexto de una gira regional.
El comentario responde a la salida de su gabinete de la hasta ayer ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien renunció luego de conocerse su intento, mediante una asesora, de comunicarse por teléfono con Llaitul el pasado 11 de mayo.
Ese día el sitio Werken Noticias publicó una entrevista en la que Llaitul llamó a “organizar la resistencia armada”, tras criticar al Ejecutivo por la idea de avanzar en un estado intermedio en la Macrozona Sur del país.
“Nosotros dimos desde un comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz”, aclaró el mandatario, quien sostuvo que “el señor Llaitul claramente decidió tomar otro camino y, por lo tanto, doy esa garantía de que no he dado esa instrucción”.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó que el intento de contacto de Vega no fue instruido ni informado al Gobierno ni al presidente Boric, de ahí que “ella asume su responsabilidad política al respecto”, apuntó. Vallejo comunicó que Vega les transmitió que las gestiones no prosperaron, y que las hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo, pero evidentemente no corresponde si es que no es instruido ni informado debidamente, precisó.
Este miércoles Llaitul fue detenido en un restaurante de la comuna de Cañete, región del Biobío, y trasladado a Temuco, capital de La Araucanía, donde fue imputado de los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.
Esas zonas del sur del país desde hace décadas sufren episodios de violencia rural, los cuales en los últimos tiempos han tomado forma de disturbios, ataques a maquinaria agrícola y predios, incendios y tiroteos con víctimas mortales.
Parte de esos sucesos se enmarcan en el llamado conflicto mapuche, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena de esta nación que reclama las tierras que habitaron durante siglos y que actualmente están en manos de grandes empresas agrícolas y forestales.
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