Según el informe, médicos de la entidad benéfica que visitaron los campamentos de detención donde se encuentran los refugiados encontraron que 14 de las 17 personas atendidas presentaban evidencias clínicas de haber sido torturadas.
Otras seis fueron víctima de trata, 15 sufrían de estrés postraumático y otras enfermedades mentales complicadas y 11 tuvieron pensamientos suicidas mientras estaban detenidos, e incluso una de ellas intentó dos veces quitarse la vida, agrega el estudio titulado ¿Quién paga el precio?: El costo humano del esquema de Ruanda.
Nuestro informe muestra evidencias extremadamente altos de tortura, trata y otras violaciones a estas personas, a quienes el Gobierno planea negarles una evaluación o una entrevista antes de ser expulsada a la fuerza del país, aseveró la doctora Rachel Bingham, asesora clínica de Medical Justice.
La especialista se declaró conmocionada por la indiferencia que muestran las autoridades británicas ante la necesidad de evaluar los riesgos que supone someter a esos migrantes, que en su mayoría llegaron al Reino Unido a través del canal de La Mancha, a la deportación.
La directora de la ONG, Emma Ginn, exhortó, por su parte, al Gobierno conservador a liberar de inmediato a todas las personas que serían enviadas a Ruanda, y a abandonar el controvertido plan acordado por Londres y Kigali.
De no hacerlo, dadas las evidencias médicas presentadas, significaría que el daño que está causando es premeditado, advirtió.
Como parte del esquema diseñado por las autoridades británicas para tratar de desalentar el flujo de personas que cruzan el canal de La Mancha en botes de goma, los deportados deberán permanecer en el país africano mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.
El primer vuelo con destino a Kigali tenía previsto partir de Londres en junio pasado, pero fue detenido a última hora por la Corte Europea de Derechos Humanos, que pidió a la justicia británica analizar la legalidad del plan de deportación.
El Tribunal Supremo del Reino Unido tiene previsto retomar el caso a partir de la semana próxima.
En respuesta al informe de Medical Justice, un vocero del ministerio del Interior del Reino Unido negó este jueves que el Gobierno pretenda enviar a Ruanda a personas vulnerables, aunque defendió el acuerdo con el país africano.
El esquema tampoco sufrirá cambios con la llegada al poder de un nuevo primer ministro conservador la semana próxima, pues los dos candidatos a reemplazar al dimitente Boris Johnson -la canciller Liz Truss y el exministro de Hacienda Rishi Sunak- ya adelantaron que seguirán adelante con las deportaciones.
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