El pronunciamiento lo hizo en el marco del fuerte debate sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México que se realiza en el Parlamento y la cual se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la próxima semana.
La Jornada señala que, a través de redes sociales, ONU-DH recordó que en diciembre de 2019 el Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación (en forma general) por la prisión preventiva oficiosa ya que no cumple con lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relacionado con el derecho a la libertad y seguridad personal.
Además, lamentó que esta figura se haya extendido a otros delitos con la reforma constitucional de abril de 2019.
En sus observaciones a México en 2019, el Comité de la ONU contra la Tortura expuso que el Estado parte debía “enmendar o derogar los preceptos constitucionales que disponen la prisión preventiva obligatoria para ciertos delitos”.
En 2014, el entonces relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, manifestó que en su visita al país había recibido “numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, sus representantes y personas privadas de la libertad, y conoció varios casos ya documentados que demuestran la frecuente utilización de torturas y malos tratos”.
Según él, eso se potencia “con el régimen de excepción constitucional y legal (…) que incluye el arraigo, la prisión preventiva oficiosa”. Por ello se pronunció por su eliminación.
Igualmente la ONU-DH recordó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en 2018 llamó a México para que derogue la norma constitucional y legislativa que ordena la prisión preventiva automática o al menos la modifique de acuerdo al Pacto Internacional.
“La decisión de imponer prisión preventiva automática debe ser discrecional del juez, basándose en una decisión individualizada para cada caso”, señaló en su momento.
Finalmente, en 2019, al término de su visita a México, la entonces Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, cuestionó la “extensión del catálogo al que se le aplica la prisión preventiva oficiosa, figura que trastoca la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal”.
El gobierno busca mantener la prisión preventiva oficiosa por varias razones, entre ellas una corrupción generalizada en el Poder Judicial que no ha logrado eliminar que incide en la liberación de reos con fuertes evidencias de culpabilidad en numerosos delitos, y por el alto nivel de violencia en el país.
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