Alrededor de las 21:00, hora local, del jueves un hombre identificado como Fernando Sabag, de 35 años y nacionalidad brasileña, apuntó a la cabeza de la vicemandataria mientras ellas saludaba a personas reunidas frente a su domicilio, pero la pistola no disparó por una causa aún por determinar.
Tras ser detenido por ciudadanos y miembros de la seguridad de la ex jefa de Estado, fue arrestado por la Policía Federal Argentina (PFA) y se incautó el teléfono móvil que llevaba consigo, cuya contraseña se negó a entregar.
Según el diario Página 12, Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dispusieron que la PFA extrajera la información del dispositivo y los técnicos emplearon el sistema UFED, de origen israelí, pero no tuvieron éxito.
Al día siguiente, el aparato fue trasladado a la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Ezeiza, luego de que ese organismo asegurara contar con una versión más avanzada del software.
Sin embargo, los expertos alegaron que, al intentar revisar el equipo, apareció el cartel: “teléfono reseteado de fábrica”.
Por el momento, se desconocen las razones de lo ocurrido y se investiga la posibilidad de que el celular se formateara cuando los integrantes de la PFA intentaron acceder a los datos.
Aún no se determinó si la información puede ser obtenida por alguna otra vía como la nube (red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos).
El abogado de la vicemandataria, Gregorio Dalbón, calificó lo sucedido de gravísimo y señaló “la responsabilidad de la jueza, el fiscal y quienes manipularon el celular del imputado”.
De confirmarse esa información, iniciaremos otra causa contra todos los responsables de tremendo “error” judicial, y/o posible encubrimiento agravado, escribió en la red social Twitter.
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