Hay discrepancias en muchos sentidos. Desde los que piensan que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente, hasta los que piensan que todos, los más de 52 mil detenidos, son asesinos.
Un reciente artículo de opinión suscrito por Jaime Ramírez Ortega, Consultor legal y de negocios, y publicado en el diario La Prensa Gráfica, precisó que “ningún salvadoreño honrado se opone a que se combata a las pandillas por todos los medios legales posibles”.
De modo que estoy seguro de que nadie con principios se opone a que se combata a las pandillas, por lo tanto, debe de buscarse a cada pandillero hasta por debajo de las piedras, agregó.
Evidentemente los únicos que podrían oponerse son los familiares de los pandilleros, pero –dijo- me refiero únicamente a aquel familiar que se alimentó de esta economía criminal y que hizo de ello un estilo de vida.
El experto expone criterios que afectan a funcionarios tanto de anteriores gobiernos como del actual, según razonamientos escuchados en las calles donde la población pide poner fin a ese flagelo, pero con respeto a los derechos.
A las pandillas no hay que darles tregua en la persecución, sin embargo lo que no está bien es que con la bandera de combatirlas se detenga de forma arbitraria a hombres y mujeres honrados ajenos a esos grupos, cuyo único crimen es ser pobres o vivir en una zona marginal, apuntó Ramírez.
Donde el criterio policial basta que una persona se vea nerviosa o tenga algún tatuaje decorativo para ser detenido. Quizás algunos de estos compatriotas tuvieron el infortunio de haber sido procesados en el pasado por el delito de agrupaciones ilícitas, pero fueron absueltos, agregó.
De manera que, sin tener orden de captura, ni poseer antecedentes penales recientes, miles de salvadoreños fueron capturados de manera injusta, dijo el experto.
De tal suerte, sostuvo, que esta acción no solo es arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad, sino que es contraria a la presunción de inocencia a la cual tiene derecho todo salvadoreño.
Es lamentable que, desde una red social, se diga que todos los detenidos son criminales, es decir que todos están en el mismo redil de pandilleros, lo cual no es cierto, indicó.
Sin dudas, es el desafió que impone la actual situación, mientras los más críticos a la política alegan que en manos del Estado presuntamente murieron pastores, deportistas, universitarios y artesanos porque se les negó asistencia médica o porque fueron vapuleados.
Razón o no, aparte de creencias o desavenencias políticas, el debate está planteado pese a que el 95 por ciento de la población preguntada en una encuesta de Gallup dijo esta semana que apoya la política gubernamental contra las pandillas.
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