En ese referendo el proyecto que buscaba reemplazar la ley fundamental vigente desde la época de la dictadura (1973-1990) fue derrotado por 61,86 por ciento de votos, durante una jornada donde ejercieron su derecho al sufragio más de 13 millones de chilenos.
Tras el resultado de la consulta, el presidente Gabriel Boric realizó ajustes en su gabinete y decidió sustituir a los ministros de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y del Interior.
En la cartera del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, asumió por Izkia Siches.
Mientras, Ana Uriarte reemplazó en la Segpres a Giorgio Jackson, quien pasó al ministerio de Desarrollo Social.
La reestructuración comprendió también a los ministerios de Salud, Energía, Ciencia y Desarrollo Rural.
En una reflexión sobre el plebiscito, el mandatario declaró que el pueblo no quedó satisfecho con el proyecto presentado por la convención constitucional y por eso lo rechazó.
Boric expresó su compromiso de construir, junto al Congreso y la sociedad civil, un nuevo proceso y con ese fin se reunió con los presidentes del senado y la cámara de diputados y con los líderes de los partidos políticos.
El resultado del referendo fue el detonante también de protestas de estudiantes de secundaria que marcharon por el centro de la capital para exigir la convocatoria a una nueva asamblea constituyente, mejoras en la educación y más infraestructuras.
Las manifestaciones fueron reprimidas por los carabineros con carros lanza agua y bombas de gas lacrimógeno y algunos participantes respondieron con objetos contundentes.
Grupos violentos infiltrados en las protestas, incluso encapuchados, levantaron barricadas, quemaron autobuses y saquearon locales comerciales.
La próxima semana continuarán las reuniones de los partidos políticos en el Congreso con el fin de avanzar en un itinerario que permita reemplazar la Constitución impuesta en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
La flamante titular del Interior y jefa del gabinete ministerial, Carolina Tohá, expresó su esperanza en que el país pueda contar con un nuevo texto para 2023, antes de que se cumplan los 50 años del golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende.
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