Un comunicado de la Cancillería calificó de inconsistente, infame y con carencia legal la publicación, divulgada el 15 de septiembre, en la que Estados Unidos se refiere a “los principales países productores de drogas ilícitas o de tránsito de drogas importantes para el año fiscal 2023”.
La República Bolivariana de Venezuela condenó el rol de la Administración estadounidense en pretender «ser el policía de la arena internacional y de persistir en la imposición de políticas extraterritoriales».
Ese texto, dijo la nota, desconoce el fiel cumplimiento de los compromisos internacionales del Gobierno Bolivariano, cuyo tenor para abordar la lucha permanente contra el tráfico ilícito de drogas “ha sido bajo los cimientos de la ONU y en total aversión a las prácticas unilaterales de evaluación politizada”.
Resulta ostensible, expresó, que desde la expulsión de la Administración de Control de Drogas de Venezuela, su Gobierno logró “con políticas soberanas, la incautación y decomisos más grandes de la historia”.
Asimismo, manifestó, “ha dado guerra sin cuartel” contra los narcotraficantes y grupos irregulares al margen de la ley, registrando así en 2021, el record de incautación de 51 toneladas de drogas en más de cinco mil procedimientos.
El comunicado advirtió que la Casa Blanca, una vez más, busca emitir “juicios infundados” que justifiquen sus gastos anuales para, supuestamente, abordar el gran problema de salud pública que representa el consumo de drogas en Estados Unidos.
Según el reporte 2022 de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, el uso de estupefacientes en ese país cobró alrededor de 107 mil vidas en 2021, denunció la nota.
Finalmente, el Gobierno Bolivariano reafirmó «su compromiso irrestricto e incondicional” en la lucha franca, frontal y sincera contra el narcotráfico, así como en abordar la evaluación imparcial bajo los mecanismos multilaterales, a los fines de mantener y preservar la soberanía de Venezuela.
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