Por mayoría, los ministros de la corte superior decidieron recibir la imputación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el parlamentario.
Solo el magistrado Marco Aurélio se opuso a la continuidad de esa condición, al alegar que la medida restringe el mandato del legislador.
La PGR acusa a Silveira de agredir verbalmente y proferir graves amenazas contra ministros del STF; incitar a la animosidad entre las Fuerzas Armadas y el Supremo, y fomentar el intento de impedir, con el uso de la violencia o la amenaza grave, el libre ejercicio del Poder Judicial.
El diputado fue detenido el 16 de febrero por orden de Alexandre de Moraes, después de que publicara un video con maldiciones, acusaciones y amenazas contra miembros del STF.
Según De Moraes, ‘las manifestaciones del parlamentario, por redes sociales, se revelan gravísimas, pues no solo atacan la honorabilidad y constituyen amenaza ilegal a la seguridad de los magistrados del Supremo Tribunal Federal, sino que también se revisten de clara intención de impedir el ejercicio de la judicatura’.
En el audiovisual, Silveira también defendió la dictadura militar (1964-1985) y comentó que los magistrados del Supremo merecían una paliza. ‘No tienen carácter, escrúpulos ni moral’, apuntó.
De acuerdo con la legislación, los diputados y senadores son inviolables, civil y penalmente, por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos, y solo pueden ser detenidos in fraganti por un delito no susceptible de fianza.
El 27 de enero, a Silveira se le prohibió embarcar en un vuelo de la línea aérea Gol de Guarulhos (Sao Paulo) a Brasilia por negarse a llevar la máscara contra la Covid-19.
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