Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que “el panfleto” fue presentado este lunes ante ese mecanismo, que surgió en 2019 partir de una cuestionada resolución promovida por un reducido grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos.
El texto afirmó que eso es muestra patente del “doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los derechos humanos” como herramienta para socavar la soberanía de aquellos Estados que no se someten a los designios de control hegemónico anhelado por algunas potencias.
La nota sostuvo que el “nuevo psudo informe” carece del más mínimo sustento metodológico ni contacto directo con la realidad del país, con lo cual “se pretende seguir atacando a las instituciones venezolanas”.
Todo ello, indicó, como parte de la estrategia criminal de “cambio de régimen” que impulsa Estados Unidos, con la complicidad de sus gobiernos satélites en el mundo.
Venezuela ratificó que es un Estado democrático y social, de Derecho y de Justicia, que asume la promoción, respeto y protección de los derechos humanos como un valor superior de su ordenamiento jurídico y de la actuación de sus instituciones, en plena consonancia con sus compromisos internacionales en esta materia.
El comunicado reiteró “su absoluto desconocimiento a este tipo de mecanismos paralelos, bárbaros e injerencistas” que, a través de sus pronunciamientos, aúpa y alienta a los sectores más extremistas a reincidir en la violación masiva de los derechos humanos de los venezolanos y la desestabilización del país.
Alertó a los promotores de esta iniciativa que “tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes”, en el ámbito bilateral y multilateral, frente a cualquier intento de seguir prolongando el mandato de este mecanismo de agresión contra las legítimas instituciones venezolanas.
Esto, dijo, en clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes.
La República Bolivariana ratificó que continuará cooperando con el Consejo de Derechos Humanos, siempre sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos, respeto al multilateralismo y diálogo constructivo.
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