Se trata de una caja de Pandora ubicada en el círculo cercano al expresidente Danilo Medina, al estar entre los imputados el mayor general Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, y actual titular de su escolta.
La operación, iniciada el pasado sábado con allanamientos en varias provincias, se complica por día y suma a personas que sorprenden a la ciudadanía.
Tales son los casos del exjefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Félix Alburquerque, y el del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general de Brigada, Juan Carlos Torres.
Este último puso su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, a través de una carta en la cual escribió que tomó la decisión ‘con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance, sin obstrucción alguna, la investigación en curso’.
Hasta el momento están arrestados por el caso además de Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, el cabo Tanner Antonio Flete, hijo de la religiosa; el coronel de la Policía y contable, Rafael Núñez de Aza; miembro de la seguridad de Medina, el teniente coronel de la Policía Raúl Girón, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que se precia de tener un expediente ‘fulminante’ contra los presuntos corruptos, adelantó entre los elementos más importantes, que Cáceres nombró a policías y militares en el Cestur y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y recibía parte de esos sueldos.
Asimismo, a través de la red obtenía fondos mediante las cuotas que debían entregar unidades y organismos de seguridad del Estado.
La víspera, fue recusada por la defensa de los imputados la jueza Kenia Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, por entender los abogados que la magistrada no garantizó a sus representados el tiempo suficiente para analizar la acusación y los documentos aportados por el Ministerio Público.
Ahora habrá que esperar por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que decidirá si acoge el pedido y cambia a la jueza, o si por el contrario mantiene a la magistrada en el conocimiento de la audiencia.
La Operación Coral, igual que las Antipulpo y Caracol, son tres procesos anticorrupción en marcha sobre los cuales se volcaron los ojos de la ciudadanía; sin embargo, el hecho de temer tantas ramificaciones impone un compás de espera, quizás prolongado, hasta su desenlace.
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