Un comunicado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores consideró que la resolución es el resultado del “vergonzoso doble rasero, la selectividad y el uso politizado” de los mecanismos del CDH por parte de un grupo minoritario de Estados.
Indicó que estos siguen de manera obediente los dictados del Gobierno de Estados Unidos, en su “obsesivo interés de atacar la institucionalidad democrática venezolana”.
La cancillería denunció que tras la referida resolución se oculta “una abierta pretensión de alentar y justificar a los sectores más extremistas de la oposición nacional e internacional”.
Estos, dijo, intentan de modo permanente “alterar la paz de la nación y reincidir en la violación masiva de los derechos humanos” de los venezolanos, con la finalidad de desestabilizar la democracia.
El comunicado afirmó que la República Bolivariana se reserva las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante las pretensiones de quienes promueven este mecanismo contra la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, que violenta la Carta de las Naciones Unidas.
Asimismo, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes.
Caracas, remarcó, ha dado “amplias y reiteradas muestras de su voluntad y compromiso” de colaborar con los diversos mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Venezuela aseguró que continuará cooperando con el CDH, sobre la base del estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, no politización, imparcialidad y diálogo constructivo en el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.
Reiteró que “no reconoce ni reconocerá ningún mecanismo de tutelaje” creado al margen de los principios del derecho internacional, que pretenda vulnerar la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano.
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