El informe situacional de los efectos del ciclón tropical desde el domingo 9 de octubre hasta la víspera, refleja 13 fallecidos y un total de 547 mil 797 personas afectadas, cuatro mil 846 evacuadas y dos mil 27 damnificadas.
Asimismo, hay mil 867 guatemaltecos albergados, mil 665 en riesgo y cuatro desaparecidos, según el balance de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
En cuanto a infraestructura, mil 564 viviendas tienen daños moderados, 386 severos y 77 leves; en tanto 504 presentan riesgo, sin contar que aún no se llega a muchos de los lugares incomunicados por las aguas.
Además, suman 70 carreteras (la mayoría en Quiché y Alta Verapaz) y 10 puentes afectados, así como cinco destruidos en Izabal, Huehuetenango (tres) y Zacapa.
También se contabilizan 86 escuelas de 10 departamentos con afectaciones diversas, entre derrumbes totales, de muros, techos e inundaciones.
Un vistazo al mapa de Guatemala muestra la magnitud de las lluvias en 48 horas en casi todo el territorio nacional, al punto que de 321 incidentes monitoreados por la Conred, 191 correspondieron a inundaciones y 69 a movimientos en masa.
Izabal con 71 y Alta Verapaz con 45 aparecen como los departamentos con mayores daños hasta el momento, aunque también fueron afectados El Progreso, Escuintla, Huehuetenango, Petén, Quiché, Retalhuleu, Suchitepéquez y Zacapa.
Pese a que el Gobierno destacó como logro la toma de medidas preventivas para enfrentar este fenómeno hidrometeorológico, la realidad es que «las últimas 24 horas evidenciaron la debilidad institucional ante una tardía y tibia acción para responder a la emergencia climática», comentó el medio digital Quorum.
Cientos de personas perdieron sus cultivos y tuvieron que evacuar sus viviendas por medios propios, reseñó.
En su cuenta personal en Twitter, el presidente Alejandro Giammattei escribió que iba camino al oriente del país «para evaluar los daños y visitar los albergues en donde se están atendiendo a nuestros hermanos guatemaltecos afectados por #Julia».
La víspera, Giammattei declaró Estado de Calamidad Pública por 30 días, una medida que permite al Estado hacer compras de bienes y servicios sin cumplir todas las exigencias de transparencia con el supuesto de responder con rapidez ante la emergencia.
Adoptada por el Consejo de Ministros, la propuesta está en manos del Congreso para su ratificación, modificación o rechazo en medio de críticas sobre si la asistencia llegará realmente a los más necesitados, pues aún se cuestionan los recursos asignados cuando Eta e Iota, en 2020.
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