Un comunicado de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque calificó de arbitraria e ilegal la orden del magistrado del Distrito de Delaware Leonard Stark, al establecer un conjunto de procedimientos para una “pretendida venta judicial” de las acciones de la mencionada empresa.
La nota rechazó en forma categórica la “temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad” por el juez que la dictó.
Denunció que ese magistrado está alineado con la empresa Crystalle International Corp. (Crystallex) y forma parte del entramado internacional, que responde al poder hegemónico e imperial de Estados Unidos.
Con este paso, subrayó el Ejecutivo, se profundiza la guerra multiforme y su pretensión de “expolio descarado e indiscriminado” de los activos del pueblo venezolano.
Remarcó que esta “írrita decisión” viola el derecho internacional y constituye una nueva escalada de maniobras ilegales, en complicidad con los usurpadores Juan Guaidó y José Ignacio Hernández.
El texto señaló que estos personajes, en contubernio con las autoridades estadounidenses y mediante fraudes procesales que niegan la presencia de los representantes legítimos, pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos de la nación venezolana para entregarlos a potencias extranjeras.
La República Bolivariana de Venezuela alertó a la comunidad internacional sobre la ejecución de acciones de esta naturaleza, que sientan un “peligroso precedente” que podría representar el inicio de un periodo oscuro, relacionado con el vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense.
Apuntó que este desconoce el derecho de un Estado soberano “sobre sus activos e intereses patrimoniales”, en perjuicio de los intereses de los países y sectores inversionistas internacionales.
El comunicado remarcó que Venezuela no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asistan, con el firme propósito de rescatar y preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo.
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