Por Julio Morejón Tartabull
Redacción África y Medio Oriente
La nación continúa inmersa en una crisis socioeconómica, mientras que en el plano político no se percibe un cambio sustancial con vista a la entrega del poder a una autoridad civil por los militares.
El alza en los precios de primera necesidad –como alimentos y combustibles- colocaron a ese Estado de África nororiental en una situación difícil, y una parte significativa de su población se encuentra seriamente afectada por el incremento del nivel de pobreza, según la ONU.
Así, el país árabe y africano se balancea sin hallar el equilibrio requerido para continuar el accidentado proceso de transición, que sucedió al derrocamiento de la administración de Omar Hassan al Bashir en 2019.
A criterio de observadores, esa nación está embargada con sus dificultades, mientras que tampoco cesan las manifestaciones callejeras contra la permanencia castrense en el poder, principalmente la del general Abdelfatah al Burhan.
Según el sitio digital monitordeoriente.com: “Egipto, que ya alberga una comunidad sudanesa estimada en cuatro millones, ofrece pocos de los lucrativos empleos que los migrantes sudaneses buscaron tradicionalmente en el Golfo, pero es un destino más fácil y a menudo más familiar”.
La migración tiene un carácter mayormente económico, como lo tuvieron las manifestaciones callejeras que impulsaron a la cúpula militar a derrocar a Al Bashir, quien sufrió las consecuencias de implantar impopulares medidas neoliberales.
El alza de los precios al consumidor -como la harina y la retirada de la subvención a los combustibles- precipitó la caída hace tres años del gobierno del partido Congreso Nacional, y las nuevas autoridades encarcelaron y juzgaron al exjefe de Estado.
Un tribunal condenó a Al Bashir -en un primer proceso judicial- a dos años de prisión, pero eso fue sólo el comienzo, actualmente podría enfrentar otro juicio para el cual convocaron recientemente a testificar a Mohamed Hamdan Dagalo.
El coronel Hamdan Dagalo (también conocido como Hemedti y segundo jefe del gobernante Consejo Soberano) deberá presentarse en la audiencia para aportar elementos sobre el otrora mandatario, a quien acusan de crímenes diversos.
Además, el expresidente deberá enfrentar cargos relacionados con el golpe de Estado de 1989, que le colocó durante 30 años en el poder, mientras está pendiente la solicitud de la Corte Penal Internacional (CPI), de juzgarlo por la guerra en la occidental región sudanesa de Darfur (2003-2010).
PROGRAMA INCUMPLIDO
La transición posderrocamiento de Al Bashir funcionó con la implementación de una administración cívico-militar, que dividía la autoridad entre el primer ministro Abdallah Handock y el presidente del Consejo Soberano, Abdelfatah al Burhan.
Pese a discrepancias en la conducción del proceso de transformación, las fuerzas políticas percibían que se avanzaba hacia la civilidad, pero ese propósito se vio deshecho con el golpe de 2021 contra Handock.
Si bien las protestas disminuyeron ante la posibilidad de que la transición fuera real, el derrocamiento del jefe del gabinete reforzó las demostraciones callejeras, también incentivadas por un complejo cuadro económico.
El intento de reponer poco después a Handock en su cargo no fructificó y abrió más la brecha entre civiles y los militares, lo que se evidenció con la persistencia de los choques de manifestantes con los efectivos de las fuerzas de seguridad.
“Este año trajo una crisis económica cada vez más profunda y enfrentamientos comunales violentos, pero también una nueva ola de campañas de base no violentas para el retorno a la democracia”, actualizó el sitio digital de análisis usip.org.
DIFÍCIL SOLUCIÓN
Los enfrentamientos entre comunidades -árabes y/o africanas- agregan al conflicto interno sudanés matices peligrosos, pues devienen brotes de violencia, por años apaciguados mediante acciones oficiales conciliatorias.
Ahora las disputas entre las milicias comunales beligerantes impiden una distribución efectiva de la requerida ayuda humanitaria, y lo peor, colocan en la línea de fuego a millares de civiles ajenos a las contiendas.
El actual panorama sudanés, que no se disocia totalmente de las tensiones en el oeste del país, plantea realidades difíciles de solucionar mientras persista la crisis política, opinan expertos.
Sin embargo, una reciente propuesta de “hoja de ruta” emitida por el movimiento opositor Comités de Resistencia de Sudán, evidencia que aún existe interés en desbrozar el camino para reanudar la transición hacia una autoridad civil.
“Los sudaneses utilizan viejos precedentes, nuevos métodos y la energía de la juventud para seguir exigiendo un gobierno civil”, acotaron autores en la web de usip.org.
De hecho, el laberinto sudanés se estrecha a medida que trascurre el tiempo y se multiplican las demostraciones públicas contra el poder real, alejado de ofrecer alternativas para reducir las tensiones.
El intento de compartir el poder fracasó con el golpe militar contra el primer ministro civil hace un año, un suceso que resquebrajó la credibilidad en la administración castrense: ahora es mayor la desconfianza respecto a los cambios prometidos.
Tras la democión de Handock, Al Burhan afirmó que con ese acto se pretendía corregir los errores en el proceso de transición, pero todo lo que ocurre semeja un buque varado en un mar inquieto.
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