A través de un comunicado, el gremio empresarial, cuya presidencia ostenta Panamá, aseguró que como región promueven la integración a través de protocolos y tratados que buscan establecer un área de paz, libertad, democracia y desarrollo.
Por tal motivo, todos los países que integran la agrupación están obligados a consolidar la democracia y a velar por un irrestricto respeto a los derechos humanos, precisa.
‘Lamentamos y condenamos los acontecimientos suscitados en El Salvador en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa que ha tomado funciones el 1 de mayo, ya que dichas actuaciones violentan el Estado de Derecho, transgrediendo el buen funcionamiento de los distintos poderes del Estado’, refiere la misiva.
Y a reglón seguido subraya que la vigencia de los principios democráticos y el respeto al orden jurídico establecido en cada una de las naciones es imprescindible para garantizar los derechos fundamentales del ser humano, el crecimiento económico y el bienestar común.
El texto reconoce, además, los momentos difíciles que en la actualidad enfrentan todos los países debido a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19; por tanto, ‘hacemos un llamado al gobierno de El Salvador a resarcir sus actuaciones y a crear condiciones reales, efectivas y respetuosas de la Constitución y de lo tratados suscritos’.
Solo así, el pueblo podrá salir adelante y contar con un entorno que brinde paz, seguridad y libertad a sus ciudadanos, acota la Fecamco.
Esta organización agrupa a cámaras de comercio de Belice, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Honduras, al tiempo que representa a más de 20 mil sociedades, de las cuales el 70 por ciento son mini, pequeñas y medianas empresas que generan más de 825 mil empleos.
Durante la sesión inaugural del periodo 2021-2024 del pasado sábado, la Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó la destitución de los jueces de la Corte Constitucional y del fiscal general Raúl Melara.
En su lugar, el parlamento unicameral aprobó, con dispensa de trámite, el nombramiento de una nueva Sala de lo Constitucional y de Rodolfo Delgado como nuevo fiscal general, en medio de cuestionamientos al procedimiento.
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