En un informe pagado la víspera en el Diario de Hoy los acusados de participar en el asesinato de los comunicadores de Países Bajos el 17 de marzo de 1982 pidieron ayuda al presidente tras la captura de un coronel y un general involucrados en la preparación y ejecución de la acción.
Tras una larga demora al parecer la justicia irá contra la impunidad que durante más de 40 años envolvió el caso y que ahora estremece la sociedad salvadoreña.
Los exuniformados que son acusados de crímenes de guerra, aseguran que son víctimas de una persecución y pidieron apoyo a Bukele.
En el informe publicado en uno de los medios más antiguos del país, fundado en 1936, el cuerpo de oficiales y generales en situación de retiro de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), demandaron al gobernante que busque una solución definitiva a “la persecución” que aseguran hay en contra de militares que son acusados por crímenes cometidos en la guerra civil. El caso cobró el auge que tiene hoy y que adelanta próximas borrascas, cuando el 15 de octubre el Juzgado del poblado de Dulce Nombre de María ordenó los arrestos del coronel de infantería Francisco Antonio Morán y del general de división José Guillermo García.
Ambos militares en posición de retiro son acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los cuatro informadores holandeses, ocurrido en Chalatenango en 1982, mientras cubrían la guerra civil salvadoreña.
En ese entonces Morán era director de la Policía de Hacienda, para muchos la más tenebrosa de las organizaciones militares de la época, y García, ministro de Defensa, posición desde la cual presuntamente supervisó la acción que ejecutó el sargento Mario Canizales al frente de 25 elementos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atonal.
La Fundación Comunicándonos recientemente se pronunció al respecto y manifestó que ambos militares “son acusados por saber de la orden de asesinato y no haber actuado al respecto”.
Hasta ahora, Bukele no se manifestó sobre el caso. Según dijeron fuentes a Prensa Latina en condición de anonimato, la situación crea malestar en las filas castrenses, pues hay una división dentro de la Fuerza Armada, unos a favor de aplicar la justicia y otros a dejar en paz a los presuntos asesinos.
“Si bien colocan la pelota en la cancha del presidente Bukele, es una prueba más para la llamada independencia de poderes en el país. La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas debe continuar, el mismo país lo espera así”, aseguró por otra parte Óscar Pérez, presidente de la Fundación Comunicándonos al valorar la situación.
El proceso seguirá su curso en los próximos días, mientras se espera la extradición desde Estados Unidos del excomandante de la 4ª Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, otro de los involucrados en el crimen.
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