También, los choques vienen por posturas ambiguas de los conservadores del principal partido contestatario en el país ibérico, el conservador Partido Popular, y de otros supuestamente centristas que ponen reparos a detalles de su contenido.
Este viernes, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, no desaprovechó la ocasión para ponderar que la Ley de Memoria Democrática pretende cerrar de una vez por todas las heridas de las víctimas de la guerra y la dictadura.
Bolaños colocó un vídeo en su cuenta de Twitter, valiéndose como símbolo del Guernika de Pablo Picasso de fondo, un cuadro monumental del pintor malagueño que rechaza todos los horrores de las guerras.
El titular remarcó que la legislación reivindica ‘la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido’, y se centra en aquellas personas ‘que siguen buscando los restos de sus seres queridos en fosas comunes, en las personas que se atrevieron a pensar distinto, a amar distinto, o a luchar por la libertad”.
Además, puso foco en ciudadanos que nacieron en el exilio y que ahora podrán acceder a la nacionalidad española.
Somos lo que recordamos, por eso la memoria es nuestra identidad. Por eso la memoria es democracia, sentenció Bolaños.
Pese al duro debate en que las fuerzas de derecha se alinearon frente a la propuesta, el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, sentenció el dictamen, con el resultado de 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, a inicios de este mes.
La legislación contempla resarcir a las víctimas de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), la exhumación de fosas comunes, la anulación de condenas y el fin del silenciamiento de los perdedores de la Guerra Civil (1936-1939).
Se refuerza asimismo el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, y abre la puerta a estudiar trasgresiones de derechos humanos presumiblemente cometidas entre 1978 y finales de 1983.
El texto fue impulsado por los socios del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el bloque Unidas Podemos, con el rechazo del Partido Popular, Ciudadanos, UPN de Navarra y los ultras de Vox, todos alineados con la derecha.
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