A 24 horas del inicio de esa medida de presión de las élites de Santa Cruz, la representante gubernamental mantuvo la proposición de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2024 y añadió que la redistribución de los ingresos se aplique en octubre de ese año, con los datos preliminares del ejercicio censal.
Prada remarcó que la Administración del presidente Luis Arce busca una solución al diferendo en la mesa de negociaciones para evitar perjuicios al pueblo cruceño y a toda Bolivia.
Al propio tiempo, insistió en la necesidad de realizar el estudio censal con los debidos criterios técnicos para asegurar su calidad.
La conferencia de prensa fue transmitida en directo por el canal estatal Bolivia Tv en momentos en que cientos de miles de personas participan en el denominado Gran Cabildo del Pueblo bajo la consigna de “sí al trabajo, no al paro”.
Las autoridades afirman que cada día en que se cumpla esa medida de presión promovida por los sectores extremistas de la oposición cruceña significa una pérdida para el país de 36 millones de dólares.
lam/jpm