Los manifestantes llegaron hasta la capitalina Plaza de la Constitución, donde exigieron a los diputados el pago de 120 mil quetzales (15 mil 276 dólares al cambio de hoy) en lugar de los 36 mil (cuatro mil 582 dólares) contemplados en el Decreto 51-2022, el cual incluye la realización de trabajos de reforestación a cambio.
Desde la semana pasada, cuando el pleno del Legislativo dio luz verde a la propuesta en medio de jornadas de bloqueos en todo el país, algunas asociaciones anunciaron nuevas jornadas de tranques en carreteras desde hoy y hasta el jueves a modo de presión para lograr sus demandas.
Sin embargo, solo se hicieron presente en el Centro Histórico y ni siquiera pudieron llegar hasta las afueras del Hemiciclo debido al amplio dispositivo policial en la zona.
Los militares retirados dijeron que no están dispuestos a mendigar 36 mil quetzales, unos mil mensuales (127,30 dólares) durante tres años como establece la normativa porque «no estamos pidiendo trabajo», dijeron, sino «un pago por la labor realizada durante el conflicto armado interno».
Enrique López, representante de Occidente, argumentó que la aprobación del mencionado decreto es solamente una muestra de corrupción, pues integraron a más personas de los que realmente se involucraron entonces.
Dijo que si el Gobierno tiene la capacidad de pagarle a más de 354 mil veteranos es porque sí puede ofrecer lo que piden a los casi 100 mil registrados oficialmente.
A su juicio, con la eliminación de los requisitos la hoja del servicio militar, que solo tienen los soldados, ahora hasta civiles podrán cobrar, pues solo bastará presentar el Documento Personal de Identificación.
Reconoció que los gobiernos de turno han utilizado a la Asociación de Veteranos Militares cada cuatro años para la política y obtener votos, pero ahora las organizaciones son independientes y van a luchar, puntualizó.
López indicó que permanecerán en la capital a la espera de una respuesta positiva a su iniciativa de ley y si no ocurre, la otra semana habrá bloqueos a nivel nacional porque están cansados de engaños.
Actualmente está en curso una impugnación del Decreto 51 ante la Corte de Constitucionalidad, el cual, a juicio de los manifestantes, no beneficia ni pertenece a los veteranos militares, quienes en 2021 protagonizaron actos violentos en el Congreso por el mismo motivo que hoy los moviliza.
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