Una pieza clave de las propuestas presentadas consistió en la necesidad del pago de ‘un ingreso básico de emergencia’ equivalente a un salario mínimo líquido durante cuatro meses a los trabajadores por cuenta propia, lo que tiene un costo adicional de un 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto.
También consideró la suspensión de lanzamiento por impagos de rentas de viviendas durante 120 días al igual que de cortes de electricidad, telecomunicaciones y agua para los sectores más necesitados.
La fuerza política opositora solicitó aumentar el mínimo del seguro de desempleo a medio salario nacional y flexibilizar los tiempos de prestaciones y para los trabajadores con multiempleo el pago del que perdieron.
En el plano económico, reclamó más apoyo a micros y pequeñas empresas y sugirió el adelanto de inversión pública en infraestructura y vivienda.
Los legisladores frenteamplistas piden ‘volver a abril del 2020’ cuando se adoptaron medidas de restricción de la movilidad y se controló la pandemia, junto con una campaña de sensibilización ‘sobre lo dramático de la situación’.
Del lado gubernamental, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini adelantó una posición contraria al otorgamiento de una renta básica a los más desfavorecidos por la emergencia sanitaria en los debates por delante.
Según dijo el gobierno trabaja en otra estrategia ‘completamente diferente’ que tiene que ver con la ‘regulación del movimiento de la economía’ sin ofrecer precisiones por el momento.
Consultado por medios mencionó un proyecto que él mismo calificó de polémico para crear un pasaporte verde de circulación interno a los que reciban vacunas inmunizadoras presuntamente para después del mes de agosto.
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