La propuesta de acuerdo de los legisladores planteó, además, exigir el retiro de la nación antillana de la lista de países patrocinadores del terrorismo, al constituir, dijeron, “una vil mentira», en contra de dicho país.
En ese sentido, reconocieron que La Habana ha sido forjadora de las misiones humanitarias en favor de la salud de los pueblos del mundo y defensor protagónico de la paz en América Latina y el Caribe, especialmente con la paz de Colombia.
Los parlamentarios consideraron que Cuba enfrenta hoy el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero, del gobierno de Estados Unidos, que incluye “medidas adicionales muy agresivas” impuestas durante la administración de Donald Trump (2017-2021).
Las medidas coercitivas, señalaron, tienen más de 60 años en contra del pueblo de Cuba y son violatorias del Derecho Internacional Público, al no reconocer a ese país como nación independiente, para ejercer su soberanía y la libre autodeterminación como pueblo.
Subrayaron que la continuidad en la aplicación de la Ley Helms-Burton en su título III, para presentar demandas en tribunales estadounidenses, junto al ataque a todas las fuentes de ingresos y de entrada de divisas al país, amplía el esquema injerencista con terceros estados que tienen relaciones comerciales con Cuba.
Los legisladores remarcaron que el bloqueo constituye una “violación masiva, flagrante y sistémica de los derechos humanos” y en especial del derecho a la vida del pueblo cubano, al experimentar la economía presiones extraordinarias, las cuales se manifiestan en la escasez de alimentos y medicinas.
A lo anterior, añadieron los obstáculos en la investigación de las vacunas cubanas y la prevención y tratamientos durante la pandemia de la Covid-19, además de los problemas energéticos por la falta de combustible que afecta los servicios públicos, la producción de alimentos y la movilidad de la población.
También mencionaron la falta de piezas de repuesto y recursos para la reparación y mantenimiento de las industrias y el emprendimiento privado, lo cual deteriora el nivel de consumo y bienestar general de las familias cubanas.
Manifestaron que el impacto del bloqueo ejerce presiones antidemocráticas e injerencistas en contra de los Estados naciones y organizaciones internacionales, que tienen relaciones solidarias y recíprocas con Cuba.
En tal sentido, rechazaron de manera absoluta las medidas violatorias de los derechos humanos, económicas y de libre determinación de los pueblos, ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos en forma coercitiva unilateral cada vez más contra el pueblo heroico cubano.
El acuerdo propone dar la mayor difusión del mismo a los fines de visibilizar la unidad, solidaridad, hermandad y amistad entre los pueblos de Cuba y Venezuela.
rgh/jcd
