De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), los presos atacaron con granadas y otras armas a los agentes del orden que están dentro de la cárcel.
La víspera también hubo enfrentamientos en ese centro de reclusión, el más grande del país, y como resultado hubo dos reos fallecidos y otros seis uniformados heridos.
Ante los trabajos de reducción de hacinamiento, con mejoras de infraestructura y seguridad, internos, integrantes de grupos de delincuencia organizada actúan con violencia contra servidores, señaló el SNAI como causa de los enfrentamientos.
La entidad encargada de las prisiones comunicó que aproximadamente mil 300 miembros de la policía nacional y mil 300 miembros de las Fuerzas Armadas participan en el operativo para controlar los incidentes en la Penitenciaría del Litoral.
Estos hechos se enmarcan en la ola de violencia en Ecuador, que concluyó octubre con casi 500 asesinatos, es decir, el mes con la tasa de homicidios más alta del año en curso.
El nivel de violencia escaló al punto de que hubo 18 atentados con explosivos en cuatro ciudades diferentes en tan solo 24 horas durante la madrugada del 1 de noviembre.
En ese contexto, el mandatario de Ecuador, Guillermo Lasso, convocó para hoy al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en aras de evaluar la estrategia implementada tras esos acontecimientos.
La reunión tendrá lugar luego de que el jefe del ejecutivo decretara el martes estado de excepción con toque de queda a partir de las 21:00, hora local, en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde tuvieron lugar la mayoría de los incidentes.
El presidente Lasso transmitió anoche un mensaje a la nación en el que informó sobre 53 detenidos como resultado de los operativos de seguridad y señaló que las acciones en cárceles y calles permitieron incautar 300 toneladas de drogas, así como desarticular bandas narcodelictivas.
Movimientos políticos y organizaciones indígenas de Ecuador cuestionaron la actuación del gobernante ante la crisis de inseguridad que pone en zozobra a toda la nación.
Expertos en la materia alegan que el alza de la delincuencia se debe, entre otros factores, a la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
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