El mandatario también anunció que los cabecillas de la banda llamada Chone Killers, que fomentaban la resistencia armada contra el personal de la Policía Nacional en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, fueron trasladados hacia otro centro de reclusión.
Este jueves al interior de esa prisión, la más grande del país, hubo fuertes enfrentamientos con detonaciones y una balacera que se sentía desde las afueras, según videos que circulan en redes sociales.
Como consecuencia del operativo para retomar el control de la penitenciaría, una docena de uniformados resultaron heridos, apuntó Guillermo Rodrígues, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
El presidente Lasso llegó a difundir un conjunto de imágenes de los presos sometidos en los patios del pabellón conflictivo para indicar que la situación estaba controlada.
De acuerdo con el gobierno, los atentados violentos que comenzaron la madrugada del pasado martes se deben a la protesta de las bandas narcodelictivas a su gestión contra el delito y al traslado de varios presos hacia otras instituciones.
Pese al estado de excepción decretado desde el martes en Guayas y Esmeraldas, los ataques continúan y este jueves hubo atentados con explosivos en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y también en el municipio Durán, donde rige la situación excepcional.
En medio del caos en redes sociales circulan numerosos mensajes que piden la renuncia del presidente y califican a Ecuador de ser un Estado fallido.
Igualmente, vuelve a asomarse el fantasma de la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional mediante el cual la Asamblea Nacional (parlamento) pudiera llamar a una sesión extraordinaria en caso de conmoción interna para destituir al presidente y convocar a elecciones.
Movimientos políticos, así como organizaciones indígenas y de derechos humanos cuestionaron la actuación del gobernante ante la ola violencia que pone en zozobra a toda la nación.
Expertos en la materia alegan que el alza de la delincuencia se debe, entre otros factores, a la escasa inversión pública y social del actual gobierno, lo cual contribuye al aumento de la pobreza y el desempleo, y por tanto, la respuesta al problema no debe ser solo militar, sino integral.
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