La iniciativa, considerada por sus promotores de gran importancia para la recuperación de los recursos del país, fue presentada por la Federación Regionalista Verde Social con el respaldo de otras bancadas opositoras y ha logrado sortear no pocos escollos.
El gobierno y la bancada oficialista rechazan el denominado Royalty Minero, mientras que las grandes empresas del sector han desplegado todos sus recursos para tratar de bloquear el proyecto.
Durante la tramitación previa en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, dijo que el proyecto viola lo establecido en la Constitución al proponer un impuesto, lo cual es solo prerrogativa del Presidente.
El titular alegó además que de aprobarse, las empresas mineras establecidas en Chile tendrían que tributar el doble que en otros países ‘con los que competimos para traer capital y para tener participación de mercado internacional en el cobre’.
La iniciativa prevé establecer por la explotación del cobre, principal rubro de la economía chilena, y del litio, un recurso estratégico, una compensación a favor del Estado de tres por ciento ad valorem, es decir, sobre el valor de los minerales extraídos.
Sus defensores argumentan que esto aumentaría las ganancias cuando esos renglones alcanzan elevados precios en el mercado internacional, como ocurre ahora con el cobre.
Además, esa inyección de recursos al erario resulta doblemente importante en momentos en que el Estado requiere de más fondos para brindar ayudas suficientes a millones de familias que padecen los efectos de la crisis sanitaria, económica y social.
Se prevé que la mitad de lo recaudado por el Royalty vaya al presupuesto de la nación y de la otra mitad el 25 por ciento iría a un fondo para financiar proyectos de desarrollo regional y comunitario en aquellos municipios donde se realiza la explotación minera.
El 25 por ciento restante sería destinado a obras de infraestructura en las regiones donde esté enclavada la explotación, o programas de investigación en universidades estatales.
Desde las bancadas de izquierda consideran un gran logro aprobar este proyecto y llamaron a la oposición a continuar adelante unida en defensa de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.
Pero la poderosa Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que reúne al gran empresariado del sector, califica la medida de ‘populista y poco realista’ y amenaza que tendrá un efecto negativo para la economía.
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