Tras 18 atentados en 24 horas el pasado martes, los días posteriores también hubo hechos violentos en las calles de varias ciudades y en la Penitenciaría del Litoral, la mayor del país, que provocaron la muerte hasta el momento de dos reos y cinco policías.
Aunque al parecer la madrugada de este viernes transcurrió con mayor tranquilidad, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se registraron siete incidentes con explosivos en menos de 12 horas este jueves.
En medio de ese panorama muchos ecuatorianos limitaron sus viajes durante el asueto nacional decretado por el aniversario 202 de la independencia de Cuenca y el Día de los Difuntos, lo cual rebaja las expectativas de reactivación económica en este periodo.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó que están detenidas 668 personas como resultado de las operaciones para controlar los actos violentos.
El mandatario también anunció que los cabecillas de la banda llamada Chone Killers, que fomentaban la resistencia armada contra la Policía en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, fueron trasladados hacia otro centro de reclusión.
Al interior de esa prisión hubo fuertes enfrentamientos con detonaciones y una balacera que se sentía desde las afueras, según vídeos que circulan en redes sociales.
Como consecuencia del operativo para retomar el control de la prisión, una docena de uniformados resultaron heridos, apuntó Guillermo Rodrígues, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Lasso llegó a difundir un conjunto de imágenes de los presos sometidos en los patios del pabellón conflictivo para indicar que la situación estaba controlada.
De acuerdo con el Gobierno, los atentados violentos que comenzaron la madrugada del pasado martes se deben a la protesta de las bandas narcodelictivas a su gestión contra el delito y al traslado de varios presos hacia otras instituciones.
En medio del caos en redes sociales circulan numerosos mensajes que piden la renuncia del presidente y califican a Ecuador de ser un Estado fallido.
Igualmente, vuelve a asomarse el fantasma de la llamada muerte cruzada, mecanismo constitucional mediante el cual la Asamblea Nacional (parlamento) pudiera llamar a una sesión extraordinaria en caso de conmoción interna para destituir al presidente y convocar a elecciones.
Movimientos políticos, así como organizaciones indígenas y de derechos humanos cuestionaron la actuación del gobernante ante la ola violencia que pone en zozobra a toda la nación por su falta de inversión social y respuesta militarizada a los incidentes.
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