Se fue el mes de octubre con 20 jornadas sin muertes violentas causadas por las pandillas, solo superado por julio y agosto con 21 días libres de decesos atribuibles a las maras, calificadas de terroristas por las autoridades.
El tema de las bandas, la disminución de los homicidios, la extorsión y un descenso en la criminalidad atribuible a esos grupos, es comidilla entre los salvadoreños que reciben un bombardeo constante de información resultante de su enfrentamiento.
Incluso, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, fue invitado a Estados Unidos para participar en Nueva York en la Conferencia Anual Contra Pandillas donde expuso las estrategias implementadas para combatir a la delincuencia organizada.
Las encuestas ensalzan la política oficial y su continuidad. Un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (IudopUCA) mostró que el 66,4 por ciento de los consultados dijo estar de acuerdo con la continuación del régimen de excepción, algo planteado por las autoridades hasta encarcelar al último pandillero.
No obstante, la violencia en el país tiene otras caras como demuestran notas rojas que aparecen a diario en algunos medios: “Una mujer fue encontrada degollada y su hijo estrangulado en su vivienda ubicada en el cantón El Canelo, municipio de Nahuizalco, en Sonsonate”.
Son titulares de periódicos como El Salvador Times el primer día de noviembre, lo que evidencia que la violencia también tiene otros escenarios y actores, aunque la atención se centra en las acciones de los pandilleros.
Pese a incidentes como este, el país, según las autoridades, clasifica como uno de los más seguros del mundo luego de las intensas batidas contra la Mara Salvatrucha MS-13 o la Mara Barrio 18.
La meta de las autoridades es poner tras las rejas hasta el último delincuente para “mejorar la seguridad de la población”, principal slogan del gobierno del presidente NayibBukele en su plan para reelegirse en los comicios del 4 de febrero de 2024.
La ofensiva contra estos grupos, que fue arropada por el régimen de excepción aplicado a partir del 27 de marzo de este año, tiene partidarios y críticos. En días recientes analistas manifestaron que esa política esconde una realidad manipulada pese a alcanzar un gran apoyo entre la población.
(Tomado del Semanario Orbe)
