El Tercer Juzgado Colegiado Nacional difirió la comparecencia a pedido del expresidente de la compañía Marcelo Odebrecht y del exrepresentante en Perú Jorge Barata, así como de Fernando Migliaccio, Luis Mameri e Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva Filho, y aplazó sus declaraciones para el 16, 17 y el 23 de enero.
Humala es juzgado por lavado de activos y otros cargos que se basan en testimomios de los empresarios brasileños que afirman haber aportado tres millones de dólares a su campaña elecroral de 2011.
El exmandatario (2011-16) y su esposa, Nadine Heredia, son los principales acusados del proceso y niegan haber recibido ese dinero, mientras sus abogados señalan que Odebrecht ha dado varias versiones sobe cómo hicieron llegar el presunto aporte a Perú.
La semana pasada se reveló aquí que los exejecutivos de la firma suspendieron un acuerdo de cooperación con la Fiscalía que los comprometía a aportar información sobre sobornos y aportes electorales a políticos peruanos, varios de ellos hoy expresidentes.
A cambio, la empresa y sus ejecutivos obtuvieron inmunidad, pero la empresa interrumpió su colaboración aduciendo que la Fiscalía rompió el compromiso de no usar la información obtenida contra ellos, lo que el coordinador de la Fiscalía y gestor del pacto, Rafael Vela, niega rotundamente.
El citado fiscal declaró que la empresa va más allá de lo acordado pues pretende que Vela no declare en un litigio entre el Gobierno peruano y el consorcio que administra la vía rápida Rutas de Lima, la cual adquirió a Odebrecht.
El impasse dividió a economistas y abogados entre pesimistas que consideran que Odebrecht obtuvo todo lo que le interesaba, como la recuperación de sus fondos y bienes que tenía en Perú, sin comprometerse formalmente a no interrumpir su colaboración, y optimistas que creen que la información recibida aún sirve aunque no la ratifiquen los braileños.
Entretanto, sigue pendiente de la decisión de Estados Unidos sobre la extradición del exgobernante Alejandro Toledo, aprobada por la justicia estadounidense, para que se le juzgue aquí por recibir un soborno, admitido por Odentecht, de 32 millones de dólares de un consorcio encabezado por la firma brasileña a cambio de una obra vial.
La excandidata presidencial neoliberal Keiko Fujimori tiene pendiente un pedido de la Fiscalía de 30 años y 10 meses por lavado de activos, obstrucción a la justicia y otros cargos, relacionados con aportes electorales de Odebrecht y otras empresas extranjeras y locales, para sus campañas de 2011 y 2016.
Odebrecht confesó además similares contribuciones para el exgobernante neoliberal Alan García, quien se suicidó en abril de 2018 cuando estaba a punto de ser detenido, entre otros políticos.
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