La víspera fue informada la gestión de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) para cubrir gastos por atención del Covid-19, un grupo crediticio del cual el país forma parte y era visto como una alternativa para reunir fondos destinados al pago de los bonos de la deuda pública del país.
Con 66 votos y con dispensa de trámites, la Asamblea Legislativa autorizó al Órgano Ejecutivo a suscribir un contrato de préstamo de 75 millones de dólares con la CAF, una entidad que tiene su sede en Venezuela, y que otorga créditos a sus accionistas entre los que se encuentran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Los fondos fueron requeridos para proseguir la política de salud en momentos en que el país registra un ligero repunte en los casos de Covid-19.
Los fondos también estarán destinados a reforzar el presupuesto del estado de 2022 en el área de Hacienda, según dijo el titular de esa cartera, Alejandro Zelaya, “para atender transferencias a varias y obligaciones generales del Estado” y “prioridades estratégicas del Gobierno”.
El 1 de febrero de 2022 la Asamblea Legislativa facilitó al Gobierno la compra de 460 millones en acciones, formar parte de CAF y poder acceder a su financiamiento.
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