A poco menos de un mes de la convocatoria a las urnas, la modernización en marcha busca evitar fraudes; sin embargo, parece una misión cuesta arriba en medio de críticas de organizaciones civiles que temen suceda todo lo contrario.
Actualmente el TSE transita por la fase de adquisición del equipo tecnológico para luego comprobar su seguridad e informar a la población sobre su funcionamiento, todo a poco menos de un año de la apertura de las urnas, prevista para junio de 2023.
Según Irma Palencia, presidenta del máximo ente electoral, este necesita dar un salto cualitativo y por ello apuestan a la biometría, un modelo que identifica la identidad de las personas a partir de características físicas únicas como la huella, el rostro o la lectura de la retina.
«Si tenemos esta tecnología, se podrá saber a las 12:00 del mediodía cómo va la afluencia de votantes en cualquier lugar, cuántos son hombres, mujeres y de qué edades. La biometría nos puede dar todo eso en tiempo real», detalló recientemente la magistrada.
Palencia asegura que eso impactaría, porque aquí se ha hablado de que hasta los muertos votaban y ahora sería imposible, argumentó.
No obstante los buenos propósitos, implementarlo sin considerar complejidades y desafíos genera suspicacias en distintos sectores, más allá de las advertencias de un posible fraude electoral en marcha.
Ya en septiembre, el TSE intentó adquirir los sistemas, pero dio marcha atrás después de que organizaciones sociales denunciaron un eventual negocio dirigido a Smartmatic International Holding S.A., representada legalmente por Elizandro López, exviceministro de Gobernación del gabinete del presidente Alejandro Giammattei.
Ahora, intenta adquirir los equipos y el software mediante seis contratos separados, según una investigación del medio de prensa alternativo Quorum.
Un primer reto es que sea amigable para la población, aunque a decir verdad es lo menos complicado, pues ya hay bancos en todo el país que utilizan la huella dactilar.
Otra barrera sería superar la escasez actual de componentes electrónicos en el mercado y después, corroborar en muy poco tiempo que el sistema es rápido y antifraude, supuestamente el objetivo principal del cambio, de acuerdo con Christian de León, experto en soluciones de tecnología y seguridad.
La mirada de la sociedad civil al proceso en marcha es aún más aguda. En primer lugar, apuntan a que se pretende hacer por medio de compras por excepción, lo cual supone que los eventos no se publican en Guatecompras hasta la adjudicación de la oferta, lo cual, resta transparencia y competitividad, recién advirtió Guatemala Visible.
El escepticismo también apunta a la seguridad del proceso electoral, pues resulta inconveniente hacer cambios al modelo hasta ahora con un peso importante en las Juntas Receptoras de Votos y Electorales, las cuales garantizan y resguardan el voto.
Esto sin el debido análisis y discusión en la sociedad, afirma Guatemala Visible.
El politólogo Renzo Rosal también coincide en que la premura pone muchas cosas en juego, pues si bien el TSE es una institución obsoleta en tecnología, la modernización no debería hacerse en el propio año electoral, sino con anticipación y poco a poco.
«Hay mucha duda e incertidumbre. No hay capacidad de implementación y no hay garantía de que se pueda capacitar al personal, ni que todo ocurra antes de convocatoria de enero», sostiene Rosal.
La amenaza mayor es que se pierda la custodia del voto si se modifica la forma en que se digitan los datos y los resultados finales no reflejen la voluntad popular de las urnas.
Para Marvin Flores, de Acción Ciudadana, las variaciones en marcha son preocupantes porque significarían un secuestro de la democracia.
El TSE está totalmente cooptado y eso es gravísimo. La intención es allanarles el camino a ciertas candidaturas y obstaculizar otras.
No hay duda de que el voto electoral está en entredicho.
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