“Los señores Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y otros, autores intelectuales y materiales de varios delitos, que difundieron discursos de odio, racismo, y que ocasionaron actos vandálicos en Santa Cruz, deben rendir cuentas ante la justicia”, afirmó en su cuenta de Twitter.
Responsabilizó el titular del Senado al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, de las consecuencias dañinas de los bloqueos y la violencia que paralizaron a Santa Cruz y provocaron en 25 días pérdidas estimadas en casi 900 millones de dólares.
Consideró que Camacho debe asumir la responsabilidad de sus acciones, y los encargados de administrar la justicia sentar un precedente.
“El señor Luis Fernando Camacho siendo autoridad departamental en vez de trabajar por su pueblo, jugó con la conciencia, el trabajo, la economía y la salud del pueblo de Santa Cruz”, criticó Rodríguez.
Subrayó que un gobernante no puede llevar a la ruina a su pueblo; por lo que se debe sentar un precedente para que estas acciones no sean recurrentes.
Como cabezas visibles del denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Camacho, Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, convocaron a un paro por tiempo indefinido con la exigencia de “censo 2023 sí o sí”.
Esa medida de fuerza trascendió los límites de la protesta pacífica porque se caracterizó por los bloqueos con el uso de la violencia, los ataques racistas contra comunidades indígenas y barrios populares, la ocupación, el saqueo y los incendios de las sedes de organizaciones obreras y campesinas.
La paramilitar Unión Juvenil Cruceñista, subordinada a Camacho y a Calvo, empleó de manera indiscriminada en esas agresiones petardos y medios pirotécnicos de alta potencia, garrotes y objetos punzantes y cortantes, según denuncias.
Informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que el saldo preliminar es de cuatro muertos, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una menor de edad y diversas expresiones de violación de los derechos humanos.
Un cabildo encabezado por el Comité Interinstitucional el domingo último en Santa Cruz aceptó la realización del censo en 2024, pero mantuvo el paro a cambio de varias exigencias.
Resaltan entre estas que en las próximas 72 horas sean liberados los 17 aprehendidos durante el incendio de la sede de un asociación campesina y el saqueo de la Confederación Obrera Departamental.
El presidente del Senado observó que el paro comenzó con el pretexto de “censo 2023”, pero 20 días después los objetivos políticos de sus promotores salieron a la luz.
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