Un comunicado del mecanismo de integración latinoamericano y caribeño denunció que el bloque comunitario extendió por sexto año la imposición de medidas coercitivas, unilaterales e injerencistas contra representantes de la República Bolivariana, las cuales calificó de violatorias del derecho internacional.
ALBA-TCP reiteró que estas acciones constituyen una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y tienen efectos devastadores en la alimentación, salud y educación del pueblo venezolano, que impiden el disfrute de los derechos humanos.
La Alianza ratificó en el texto su compromiso con el pueblo y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El ministerio venezolano para Relaciones Exteriores calificó el 12 de noviembre en un comunicado de desafortunada y anacrónica la decisión de la Unión Europea, la cual, opinó, pretende insistir en una estrategia completamente errónea.
Subrayó que las acciones ilegales aplicadas de “forma premeditada” por el grupo comunitario castigan y violan masivamente los derechos humanos del pueblo venezolano.
Cuyas consecuencias indirectas, remarcó, terminan por limitar el acceso a alimentos, medicinas, insumos primarios, maquinarias, repuestos y equipos necesarios para garantizar derechos fundamentales y asegurar el normal desenvolvimiento de nuestra sociedad.
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