En las grabaciones, presuntamente hechas desde diferentes prisiones, los internos afirman estar dispuestos a acabar con la violencia en reclusorios y calles del país, lo cual llevó al Gobierno a decretar estado de excepción con toque de queda en tres provincias.
“Nos unimos en una sola causa que es retomar la paz y tranquilidad de todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad”, dice una persona con un micrófono en lo que parece ser el patio de una prisión junto decenas de reos.
Las palabras van dirigidas al presidente Guillermo Lasso y al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Guillermo Rodríguez, a quienes informan que no están en guerra con el Estado.
Como parte del presunto acuerdo, el recluso nombra bandas como Los Lobos, Los Tiguerones, Los Lagartos, Mafia 18 Tiburones, Los Duendes y Latin King, a la vez que solicita al Ejecutivo ayuda con una “buena rehabilitación”, con cursos, capacitaciones y terapias psicológicas.
Consultado sobre la autenticidad de los vídeos, el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, señaló que la inteligencia penitenciaria estudia los materiales.
El ministro del Interior, Juan Zapata, insistió en que la reducción de muertes violentas tras la serie de atentados registrados a inicios de mes es resultado de los operativos de la Policía y las Fuerzas Armadas y no una supuesta alianza entre las organizaciones criminales.
La víspera, el titular informó que esas acciones posibilitaron desarticular 29 bandas, retiraron 320 armas de fuego, decomisaron 21 kilogramos de explosivos y casi tres mil personas están detenidas.
El presidente Lasso resaltó también la reducción «de manera significativa» de las muertes por violencia en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, las tres provincias donde se mantiene el estado de excepción.
Para algunos expertos esa es una medida «parche» que no resuelve el problema de raíz y advierten de la necesidad de mayor inversión social y políticas públicas integrales.
La situación de inseguridad se debe, a juicio de especialistas, al papel de Ecuador en las nuevas rutas del tráfico de drogas hacia mercados en el norte del continente y a la falta de inversiones tanto en áreas sociales (salud y educación) como para instituciones de seguridad.
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