“El Gobierno nacional hará respetar la democracia y el derecho al trabajo de todos los bolivianos, la derecha no pasará y será destruida por el pueblo boliviano”, aseguró el mandatario al intervenir en una concentración de cooperativistas mineros en la Plaza de las Banderas, del departamento central de Cochabamba, en respaldo a su administración.
Arce agradeció “a la familia cooperativista de Cochabamba” por el cariño y el apoyo, y enfatizó en que esa es la voz de las bolivianas y los bolivianos que harán respetar la democracia, el derecho al trabajo y la dignidad de un pueblo.
En relación con el paro que hoy cumplió 31 días, enfatizó el dignatario en que Santa Cruz (en el oriente del país) sufre por unos cuantos malos líderes que no entienden la verdadera necesidad de ese pueblo, que es laborar y vivir del propio trabajo y esfuerzo.
Con la exigencia de “censo en 2023 sí o sí”, el paro fue convocado desde el 22 de octubre por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
Desde entonces prevalece la violencia en los puntos de bloqueo de carreteras, extorsiones a los transeúntes, ataques contra comunidades y policías con garrotes, armas punzantes y cortantes, petardos y medios pirotécnicos de alto poder, saqueos e incendios de sedes de organizaciones sociales.
A las pérdidas monetarias superiores a los mil millones de dólares, se sumó la violación del derecho constitucional de millones de cruceños al trabajo y la libre movilidad, afirmaron las autoridades.
Igualmente, se registraron actos de discriminación racial, cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia por violación grupal a una mujer y la quiebra de negocios de muchos gremialistas, choferes y mototaxistas.
Sobre la base de las recomendaciones de una Comisión Técnica Plurinacional, el Gobierno fijó en el decreto Supremo 4824 para el 23 de marzo de 2024 la fecha del censo y para septiembre de ese año la redistribución de los recursos de coparticipación, al igual que los datos para la reasignación de escaños legislativos.
Insatisfechos con esta y otras concesiones, ahora las élites de poder cruceñas exigen que todo eso quede plasmado en una ley.
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