Por Osvaldo Cardosa
Corresponsal en Brasil
Todo muy claro. A partir del 1 de enero, Bolsonaro, rendido en urnas el 30 de octubre por el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, perderá el llamado foro privilegiado. Con ese quebranto podría sentarse en el banquillo de los acusados como sujeto ordinario por algunas acciones en trámites en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Entendidos aseguran que el asustadizo exmilitar quedará sin ese beneficio especial por prerrogativa de función, más conocido como foro privilegiado.
Detallan que la protección de la cual gozó hasta ahora está destinada a la función, no a la persona. Por lo tanto, al final de su desgastado mandato el ocupante del Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, puede ser juzgado como hijo de vecino.
Bolsonaro pierde además la asistencia jurídica de la Abogacía General de la Unión, responsable de la defensa del Ejecutivo, así como la rapidez y diligencia de la Fiscalía General, catedrática en el archivo de denuncias.
Desafiar a la justicia común, como cualquier ciudadano, es una aprensión que el excapitán del Ejército, por lo visto, no puede aguantar y la puso al desnudo en reiteradas ocasiones.
En un encuentro de líderes evangélicos en el municipio de Goiânia, capital del estado de Goiás (a 209 kilómetros de Brasilia), el exparacaidista afirmó en agosto que existían tres opciones para su futuro: ser preso, muerto o lograr el triunfo en urnas que le valdría una reelección.
Más tarde reculó y estimó que no existía la posibilidad de ser arrestado por su casi segura reelección en el poder. No obstante, fracasó en el sufragio y adoptó el mutismo como mejor respuesta.
PENDEN INVESTIGACIONES
Al menos en el STF debe enfrentar cuatro investigaciones por delitos cometidos en el cargo. De igual manera tiene dos acciones penales, en las que aparece como acusado por incitación a la violación y la injuria.
La Comisión Parlamentaria (CPI) que examinó en octubre de 2021 la gestión antiCovid-19 del gobierno, entregó al fiscal general, Augusto Aras, el informe final de su investigación en la cual se acusa al exoficial.
El documento fue remitido además a la Cámara de Diputados, al Senado y a los ministerios públicos de Río de Janeiro y Sao Paulo. También el dictamen llegó al Tribunal Penal Internacional de La Haya.
Aprobado por siete votos frente a cuatro, el texto desmenuzó en cerca de mil 300 páginas el resultado de 69 reuniones de la CPI durante seis meses sobre el desempeño gubernamental frente a la Covid-19 que hasta la fecha se acerca a las 700 mil muertes y contagió a más de 35 millones de personas en el país.
La junta de 11 senadores verificó graves anomalías que la indujeron además a enunciar nueve imputaciones contra Bolsonaro, entre ellas la de crimen contra la humanidad.
También otras denuncias se enfilan contra tres de los hijos del gobernante, ministros, exministros, diputados federales, médicos, compañías y empresarios.
En la ocasión, el senador Alessandro Vieira consideró evidente que Bolsonaro no creó la Covid-19, pero «igual de evidente» que el jefe de Estado se esforzó diáfanamente por acelerar la propagación del virus.
«Resultó una acción consciente y confesada. Si no me equivoco, hay más de 200 videos adjuntos a los expedientes en los que el presidente de la República, de forma metódica, ensayada, preparada, organizada, utilizando las herramientas del Estado, hizo que los brasileños se protegieran menos», denunció Vieira.
Asimismo, la misma junta acusó a Bolsonaro de divulgar noticias falsas sobre la vacuna antiCovid-19 y pidió la apertura de una pesquisa.
Según expuso sin pruebas el mandatario, las personas vacunadas contra el patógeno en Reino Unido estaban «desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida)», lo que no es cierto. El caso fue investigado por la Policía Federal bajo supervisión del Supremo. Agentes de la fuerza del orden concluyeron que las acciones de Bolsonaro se encuadran en el delito de incitación pública a la comisión de crimen.
En agosto, el ministro Alexandre de Moraes, del STF y ponente del caso, envió la solicitud de acusación a Aras. Desde entonces el proceso tuvo algunos movimientos, pero la Fiscalía no hizo denuncia alguna.
A partir del 1 de enero, el expediente deja de ser competencia de la Procuraduría y pasa para el Ministerio Público Federal, que puede entonces enviar la imputación a la Justicia Federal.
De igual manera otras acusaciones penden sobre Bolsonaro, incluido en la denominada investigación de las fake news (noticias falsas), en trámites en el STF desde 2019.
Se espera que responda asimismo por falsas comunicaciones de crímenes y amenazas contra los ministros de la Corte Suprema. Lo anterior está vinculado a otra indagación sobre actuación de milicias digitales para atacar la democracia en Brasil.
RECLUSIÓN Y SILENCIO
Bajo todas esas denuncias que pueden reactivarse en tribunales, el presidente adoptó la reclusión y el silencio después del infortunio en las elecciones. Llama la atención porque era asiduo a live (transmisiones en vivo en Internet) y a las redes sociales.
Hay un factor médico que justifica esta decisión: tiene una infección en la pierna, según informó recientemente el vicepresidente Hamilton Mourão.
Algunos aliados alegan que su retiro es un proceso de asimilación del fiasco en urnas. Pero otros, más cercanos al exmilitar, aclaran que él no está abatido y tampoco depresivo a causa del revés.
El mutismo resulta estratégico, aseguran muchos adeptos y adelantan que el Mito, como lo apodan seguidores, articula la contestación judicial del resultado electivo.
Por el momento, el Partido Liberal (PL), del que forma parte Bolsonaro, pidió al Tribunal Superior Electoral (TSE) invalidar los votos del plebiscito ganado por Lula.
En el informe de 33 páginas enviado a la corte, el PL afirma que hay «incongruencias irreparables en el funcionamiento de las urnas» que serían 250 mil.
De acuerdo con el documento presentado, el contratado instituto Voto Legal revela «disconformidades irreparables de mal funcionamiento de las urnas con potencial para macular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022».
La organización política contrató el organismo para una auditoría independiente y demanda anular los resultados de los receptáculos electrónicos de modelos más antiguos (son más de la mitad), porque los considera imposibles de auditar.
Todos los organismos internacionales y nacionales que acompañaron las elecciones (2 de octubre, primera vuelta, y segunda el día 30 del mismo mes) certificaron que el sistema es seguro.
Fueron más de 120 observadores internacionales miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); la Red de los Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Rojae-CPLP); el Parlamento del Mercosur (Parlasul); el Carter Center, entre otros.
Ante la demanda partidista, la Justicia Electoral exigió resultados de la auditoría realizada en el primer turno de comicios por Voto Legal.
De Moraes, también timonel del TSE, dio 24 horas para que Bolsonaro y Valdemar Costa Neto (presidente del PL) incluyan en la petición los datos de la supuesta auditoría de la primera vuelta de plebiscito «bajo pena de denegación inicial».
El PL pidió la anulación de votos solo del segundo turno y las urnas cuestionadas también se utilizaron en el primero, explicó el ministro.
Adversarios del mandatario ultraconservador parecen convencidos que, a partir de enero, aunque la justicia ande cojeando, difícilmente deje de alcanzar al otrora capitán en su carrera.
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