La demanda, que no ocurrió en territorio salvadoreño, fue interpuesta ante una corte federal de Estados Unidos, por supuestas violaciones a la Ley de Abuso y Fraude Informático (CFAA ) para que NSO Group revele la identidad del cliente que estuvo detrás del espionaje.
Este caso sonó fuerte en varias regiones del mundo durante 2021. Fue usado en espionaje estatal contra Pakistán, el asesinato del disidente arabesaudí Jamal Kashoggi, en acciones contra periodistas y funcionarios en México, incluso gobernantes y primeros ministros de varios países.
Pegasus es capaz de leer mensajes de texto, rastrear llamadas, recopilar contraseñas, rastrear la ubicación del teléfono y obtener información de las aplicaciones. Los teléfonos de 22 de miembros de El Faro fueron espiados entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según reseñó esa publicación.
En su demanda los comunicadores en conjunto con personal administrativo del medio, denuncian una serie de violaciones de CFAA que prohíbe el acceso a computadoras sin autorización. El recurso fue presentado por The Knight Institute, una organización legal sin fines de lucro con sede en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
El informe de la publicación cita a una abogada del caso, Carrie DeCell, quien sostiene que este es un ejemplo de que Pegasus fue usado para vigilar, intimidar y perseguir periodistas. «Sus comunicaciones y actividades fueron monitoreadas, y sus datos personales vulnerados y robados», dijo la abogada.
Una de las principales exigencias de esta demanda, amplía El Faro, es que la corte federal requiera a NSO Group para que la empresa “identifique, regrese y elimine toda información obtenida a través de estos ataques”.
En el recurso judicial también se pide a la Corte a que se prohíba a NSO Group volver a ejecutar Pegasus contra los miembros de este medio y, a que la misma corte federal, gire una orden contra NSO Group para que pueda revelar el cliente que estuvo detrás del espionaje, puntualizó el informe.
Carlos Dada, director y fundador de El Faro cuyo teléfono fue intervenido durante 167 días, describe esta demanda «como un intento por defender nuestros derechos», indicó la publicación.
«Lamentablemente hemos tenido que buscar un tribunal en otro país, porque no existe ninguna posibilidad de que en El Salvador podamos obtener justicia, o siquiera información oficial sobre cómo y qué agencia gubernamental nos ha espiado y tiene en su poder todos los contenidos de nuestros teléfonos», explicó Dada.
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