«Pedí que enviaran mi solidaridad. Que Assange sea liberado de su injusta prisión», escribió Lula en la red social Twitter tras su encuentro con Kristinn Hrafnsson, editor jefe de la organización transnacional sin fines de lucro y Joseph Farrell, su embajador.
En un comunicado, WikiLeaks informó que Lula «ha estado hablando abiertamente sobre la ilegalidad de la detención de Julian Assange y el intento de extradición por parte de Estados Unidos. En la reunión, el presidente Lula reiteró su continuo apoyo a Julian Assange y su deseo de verlo libre», remarcó.
Algunos de los principales medios de comunicación del mundo pidieron en una carta a Washington la anulación de los cargos contra el periodista australiano, quien
reveló, mediante su sitio, documentos secretos de la nación norteña y otros países.
En la misiva afirman que el proceso iniciado contra el activista perjudica la libertad de prensa.
«Obtener y divulgar información confidencial cuando sea necesario para el interés público es parte esencial del trabajo diario de los periodistas», refieren en el texto.
Agregan que, «si se criminaliza este trabajo, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitarán significativamente».
Es hora de que el gobierno de Estados Unidos cierre el proceso contra Julian Assange por publicar secretos. «Publicar no es delito», remarcan.
De acuerdo con información confidencial de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de WikiLeaks en 2015, funcionarios estadounidenses espiaron en Brasil al gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
Un total de 29 teléfonos de miembros y exintegrantes de su gestión fueron intervenidos. Rousseff enfrentó en 2016 un golpe parlamentario judicial que la sacó del poder.
Assange permanece encerrado en una cárcel de máxima seguridad británica desde su arresto en la Embajada de Ecuador en Londres en abril de 2019.
Está a la espera de que la justicia británica se pronuncie sobre la apelación presentada por sus abogados contra la orden de extradición cursada en julio por la entonces ministra del Interior Priti Patel.
De ser extraditado a Estados Unidos, que busca enjuiciarlo, el comunicador podría ser condenado a 175 años de cárcel, a partir de los 17 cargos relacionados con supuestas violaciones de la ley de espionaje que se le imputan.
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