La víspera, la Comisión de Constitución y Justicia de esa asamblea (CCJ) aprobó la PEC de la Transición que tiene como principal objetivo asegurar el pago de 600 reales (112 dólares) mensuales de Bolsa Familia a partir de enero.
El texto fue sancionado con cambios respecto a la versión inicial sugerida por el equipo de transición del gobierno.
Primeramente, se implantó un recorte de 30 mil millones de reales (cerca de cinco mil 770 millones de dólares) en la iniciativa, lo cual supone un 17 por ciento del cálculo original del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva para sufragar su programa de contribuciones directas a los más necesitados.
Además, se restringió la vigencia del plan a dos años, 2023 y 2024, la mitad de lo que procuraba el equipo del exdirigente obrero.
Luego de los recortes aplicados, el plan contempla elevar los presupuestos en 145 mil millones de reales (alrededor de 27 mil 900 millones de dólares) destinados al proyecto de subsidios directos a los pobres.
El gobierno electo también prometió una parcela adicional de 150 reales (75 dólares) para cada niño de hasta seis años.
De igual manera, el staff del extornero mecánico todavía espera utilizar parte del presupuesto abierto por la PEC para cumplir otras promesas de campaña, como Farmacia Popular, reajuste de la comida escolar y el salario mínimo, así como reanudar los programas de vivienda popular.
La propuesta necesita al menos 49 votos a favor, en dos turnos. Si esto sucede, se remitirá a la Cámara de Diputados.
El equipo de Lula corre contra el tiempo porque quiere aprobar el proyecto antes de la votación del presupuesto de 2023, prevista para final de mes.
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