Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el titular solicitó una indagación por incumplimiento de sus deberes y admisión de dádivas contra esas personas, quienes se trasladaron en un avión privado a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, y pasaron un fin de semana en una mansión del empresario británico Joe Lewis.
Soria demandó que sean analizados los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y lo relacionado a su financiamiento.
Fueron denunciados los jueces Julián Ercolini (de lo Criminal y Correccional Federal 10), Carlos Mahiques (Cámara de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2) y Pablo Cayssials (primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal 9).
También el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el ministro de Justicia y Seguridad de esta capital, Marcelo D’Alessandro.
Además, Soria pidió investigar por ofrecimiento de dádivas al director ejecutivo del Grupo Clarín, Jorge Rendo; el administrador del inmueble de Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; el exdirector de asuntos jurídicos de la Secretaría de Inteligencia Leonardo Bergroth; y al especialista en publicidad digital y política Tomás Reinke.
Los hechos tuvieron lugar en octubre, cuando esos individuos compartieron un avión privado desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido. Al grupo se sumó Rendo y el director de Asuntos Legales e Institucionales de Clarín y sobrino de su directivo Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aun no identificadas, señaló un comunicado del Gobierno.
En caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y otras actividades de los funcionarios no fueron solventadas por ellos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, explicó el texto presentado por Soria.
Entre las medidas de prueba solicitadas se encuentran la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados.
Además, el Estado pide ser parte querellante pues “gran parte de los sindicados ostentan cargos de magistrados del poder judicial de la nación”.
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