Los fiscales del caso aplicaron medidas de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición para emitir licencias médicas al resto de los individuos.
Entre los cargos presentados contra los miembros de ese grupo figuran delitos como asociación ilícita, lavado de activos y fraude a subvención del Estado.
La estafa consistía en vender por internet certificados de licencias médicas, sin que mediara un diagnóstico o consulta previa, con el uso en muchos casos del nombre de clínicas o centros de atención inexistentes.
Esta organización delictiva funcionó entre 2021 y julio de 2022 y una parte de las ganancias fueron enviadas a bancos en el exterior y la otra fue utilizada aquí para adquirir viviendas, vehículos y prendas de lujo.
La Fiscalía Oriente de esta capital, encargada de llevar las indagaciones, declaró que el monto de lo defraudado por las licencias médicas falsas equivale a 700 mil millones de pesos chilenos (unos 810 millones de dólares, al cambio actual)
Esa cifra equivale al 25 por ciento del presupuesto anual del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que es el organismo público encargado de administrar los recursos del Estado destinados a garantizar la atención médica de la población.
Fonasa es la alternativa al lucrativo sistema privado de salud, sobre todo para las familias de medios y bajos recursos.
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