Las afirmaciones del titular contrastan con denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos locales sobre presuntas violaciones y la detención de personas inocentes.
Villatoro aseguró que gracias a estas iniciativas se logró desarticular en un 70 por ciento el accionar de los supuestos terroristas, cuyo número de integrantes se situó recientemente en cerca de 118 mil.
La víspera prosiguió el cerco del municipio de Soyapango donde dos hombres y una mujer pasaron a engrosar la lista de detenidos por su presunta participación en actividades delictivas o apoyar estas.
Según un twitter de Villatoro mediante el trabajo contra las Maras Salvatruchas (MS-13), pandilla 18 y otras, se logró desarticular en más de un 70 por ciento su actividad.
Lo que hemos venido haciendo –dijo- nos permitió que 10 de las 15 sillas (sistema de jefes de las bandas) ya estén detenidos. Recientemente las autoridades informaron que fue capturada la silla 10.
El jefe marero fue identificado como Eduardo Pérez o Héctor Yovanny Carpio, conocido en la mara por «Scoody», quien fue expulsado de Guatemala y entregado a la Policía Nacional Civil (PNC). Según el titular faltan cinco sillas (jefes) por encontrase refugiados en otros países a los que se les solicitó su captura y extradición.
Destacó que en nueve meses lograron transformar el sentimiento y la realidad que los salvadoreños tenían. Antes, apuntó, la población estaba secuestrada por las maras algo que cambió con la aplicación de las políticas del gobierno del presidente Nayib Bukele.
En declaraciones a la televisión, el ministro dijo que desde el 27 de marzo por primera vez en la historia la autoridad o las instituciones de Seguridad se ponen un paso por delante de la criminalidad.
Mientras tanto, informes destacan que de los días transcurridos en el mes de diciembre en nueve no se registraron homicidios atribuibles a la violencia de las pandillas y más de 59 mil mareros engrosan las filas de los detenidos.
Eso influye en que el 89.8 por ciento de la población apoye el estado de excepción que aplica el gobierno, según una encuesta de la Fundación Guillermo Manuel Ungo, mientras encuestas de medios opositores al gobierno aseguran que hay apoyo a las medidas en la población.
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