De acuerdo con la fuente, los fiscales que ordenaron los registros actuaron sobre la base de pruebas y documentos surgidos en los últimos días, tras operaciones de vigilancia generalizadas por parte de los servicios de inteligencia de Grecia.
Documentos recientemente publicados muestran que decenas de ministros en funciones, altos generales, empresarios y periodistas en la nación estaban bajo vigilancia, según el Ministerio Público.
Las oficinas de Intellexa y Krikel, un proveedor de sistemas de seguridad electrónica y tecnología de la información y las comunicaciones, se encontraban entre las seis empresas allanadas por la policía en la capital, aseguró el diario.
El 8 de agosto, el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, reconoció que el político opositor Nikos Androulakis fue interceptado por la agencia de inteligencia de Grecia, pero negó tener conocimiento de la operación.
La polémica surgió por primera vez el 4 de agosto pasado cuando Panagiotis Kontoleon, entonces jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (EYP), aseguró a un comité parlamentario que la agencia de inteligencia espió al periodista financiero Thanasis Koukakis.
Un día después Kontoleon, junto con el secretario general de la oficina del primer ministro, Grigoris Dimitriadis, renunció.
Se inició una investigación parlamentaria después de que Androulakis se quejó ante los principales fiscales sobre un intento de piratear su teléfono celular con el software espía Predator.
Previamente, el periódico Documento publicó el 6 de noviembre una lista de 33 personas presuntamente espiadas por el EYP, que incluían al ministro de Relaciones Exteriores, Nikos Dendias, el viceministro de Defensa, Nikolaos Chardalias, el ministro de Desarrollo, Adonis Georgiadis, el ministro de Trabajo, Kostis Hatzidakis.
De igual modo, se encontraba el ministro de Finanzas, Christos Staikouras, el ex primer ministro, Antonis Samaras, el ex ministro de Orden Público, Michalis Chrysochoidis, y el ex asesor de seguridad nacional, Alexandros Diakopoulos.
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