Con la etiqueta #LassoVergüenzaMundial, varios internautas expresaron su rechazo a la decisión de la cancillería de negar el permiso a la antigua funcionaria, entre ellos asambleístas, abogados y el expresidente Correa.
Para el exmandatario, a diferencia de lo que planteó el ejecutivo en el comunicado oficial, es falso que Duarte contara con todas las garantías legales para su defensa.
Jueces puestos a dedo, pruebas forjadas, pericias manipuladas, carencia de derechos a la defensa, son ejemplos que puso el exgobernante para afirmar que el llamado caso Sobornos, por el cual fue condenada, es el paradigma del lawfare (persecución política) en Ecuador.
La asambleísta Sofía Espín señaló con ironía que el presidente Guillermo Lasso y su ejecutivo se dicen defensores de los derechos humanos, pero en la práctica ratifican la persecución judicial.
El parlamentario andino Virgilio Hernández manifestó que el Gobierno al negar el salvoconducto a Duarte incumple con el derecho internacional y la Convención Sobre Asilo Diplomático, de Caracas de 1954.
Justamente el artículo III de ese tratado garantiza que las personas sentenciadas podrán recibir asilo, si esos hechos tiene carácter político, como es considerado el caso de la exfuncionaria.
En tanto, el abogado Eduardo Franco Loor precisó que el gobierno de Lasso al negar el salvoconducto transgrede además el artículo 416 de la Constitución, el cual determina los principios de las relaciones internacionales.
Ecuador ha sido históricamente respetuoso al derecho de asilo diplomático y a sus pactos celebrados soberanamente, escribió el jurista en su cuenta de Twitter.
Duarte se encuentra desde hace dos años junto a su hijo, de nacionalidad argentina, en la embajada de ese país en Quito en calidad de «huésped por razones humanitarias».
Allí solicitó asilo tras la persecución que el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), apoyado por el poder judicial, impulsó contra los seguidores de Correa.
Sin el salvoconducto corre el riesgo de ser apresada en su traslado hacia Argentina.
La extitular de Transporte y Obras Públicas fue sentenciada a ocho años de privación de libertad como parte del caso Sobornos, misma causa por la cual resultó condenado el exmandatario líder de la Revolución Ciudadana.
Desde que informaron sobre el asilo a inicios de este mes, el ejecutivo ecuatoriano dejó clara su inconformidad con la decisión de Buenos Aires al apuntar la imposibilidad de concederlo a personas condenadas por delitos comunes.
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