Bajo la argumentación de que invade territorio federal, una querella fue presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, y solicita ordenar a las autoridades estaduales retirar los depósitos del Valle de San Rafael, en el sureste del condado de Cochise.
El trabajo de colocación de hasta tres mil contenedores a un costo de 95 millones de dólares está completo en un tercio, pero manifestantes preocupados por su impacto en el medio ambiente lograron retrasar el trabajo en los últimos días, acorde con un despacho del Servicio de Radiodifusión Pública del país.
“Los funcionarios de Reclamación y el Servicio Forestal han notificado a Arizona que está invadiendo tierras federales”, refirió la denuncia que también busca compensaciones para reparar cualquier daño a lo largo de la frontera. El secretario de Agricultura del país, Tom Vilsack, afirmó en un comunicado desde Washington que el proyecto no es una barrera efectiva, plantea riesgos de seguridad tanto para el público como para quienes trabajan en el área y ha dañado significativamente las tierras públicas.
«Necesitamos soluciones serias en nuestra frontera, con aportes de los líderes locales y las comunidades. Apilar contenedores de envío no es una solución productiva», dijo Vilsack, citado por el medio noticioso.
Según añadió la fuente, la denuncia fue aplaudida por el representante federal Raúl Grijalva, un demócrata del sur de Arizona, que considera la iniciativa de Ducey como un «muro fronterizo ilegal de depósito de chatarra».
Russ McSpadden, defensor de la conservación del suroeste del Centro para la Diversidad Biológica, estimó que la denuncia federal debería ser el principio del fin del asalto ilegal de Doug Ducey a las tierras forestales nacionales protegidas y la vida silvestre en peligro de extinción.
El pleito se produce a pocos días de que tome posesión en Arizona la gobernadora electa demócrata Katie Hobbs, quien se opone a la construcción del muro de contendores, pero hasta la fecha no ha divulgado qué hará con ellos.
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